Parece que a San Vicente del Raspeig no van a llegar nunca las mejoras en limpieza y recogida de la basura. El servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria está obsoleto y de hecho lleva un año y medio prorrogado con el agravante de que Cespa, la empresa que lo gestiona, ya advirtió en 2018 que no quería continuar debido a las ajustadas condiciones en las que trabajaba. Y ahora llega un nuevo revés. El proceso de licitación que se inició en octubre de 2020 tendrá que volver a repetirse.
El Ayuntamiento ha recibido este viernes una contundente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (que depende del Ministerio de Hacienda) que le da la razón a una de las empresas que fue excluida del proceso de licitación al que se presentaron 6 mercantiles. Obliga a volver al punto de partida. El Ayuntamiento tiene que retrotraerse y permitir que tanto esta mercantil como las otras dos que también quedaron excluidas puedan volver a formar parte de él.
El juzgado estima el recurso de la mercantil Técnicas y Tratamientos Medioambientales contra la exclusión de su licitación. La considera una decisión «desproporcionada» y acuerda «la anulación del procedimiento de contratación.
Para agilizar el proceso de contratación, en la misma mesa de contratación se abrieron los sobre con las ofertas técnicas y a la vez las ofertas económicas. El tribunal advierte que al haberse desvelado las pujas económicas de las empresas es necesario empezar el proceso. Porque «el conocimiento de la oferta económica o de los criterios evaluables mediante fórmula o de forma automática con carácter previo a la valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valora constituye una causa de nulidad del procedimiento, porque podría restar objetividad e imparcialidad al órgano de contratación», indica.
La sentencia incide en que todo ello implica anular el procedimiento de contratación «pudiéndose conservar las actuaciones administrativas que correspondan que no entren en contradicción con esta resolución, hasta el momento previo al inicio del procedimiento de licitación, en el que se deberá conceder el plazo que legalmente corresponda para la presentación de nuevas proposiciones».
El concejal de Contratación, Guillermo García, indica que «tanto mi departamento como Servicios Urbanos estamos estudiando todas las vías posibles para dar una solución a la situación contractual tras la resolución». La edil de Servicios Pilar Alcolea, explica que «era algo que podía ocurrir y ha pasado. Estamos viendo desde el minuto uno qué hacer». El Ayuntamiento tiene que decidir si aprovecha para incluir mejoras en el pliego, lo que conlleva acumular más retraso, o inicia el proceso desde el punto de licitación. «Es un contrato a 10 años y hay que pensarlo muy bien», añade Alcolea, que desconoce cuánto tiempo va a llevar aplicar la sentencia. A la vez, admite las precarias condiciones del servicio actual. Y para el alcalde, Jesús Villar, este es un revés muy importante porque «es una pérdida de tiempo importante».
En la oposición se echan las manos a la cabeza. Ciudadanos y el PP han reaccionado ante la sentencia. Cs denuncia la «incapacidad del equipo de gobierno (PSOE-EU) de aprobar el nuevo contrato. Y recuerdan que en el pleno del miércoles se va a prorrogar por tercera vez. La concejal Mariela Torregrosa, califica de «lamentable la gestión del equipo de gobierno en un asunto que es fundamental para San Vicente, ya que el actual contrato está obsoleto y el nuevo se va a retrasar al menos un año más, lo que implica demorar la sustitución de los contenedores, la renovación de las máquinas que limpian las calles y otras mejoras previstas en el nuevo contrato». Y añade que «las consecuencias de esta mala gestión la están pagando los ciudadanos, que ven cómo pasan los años y las calles están cada día más sucias, muchos contenedores están en un estado lamentable y en general la imagen de la ciudad se sigue deteriorando».
Mientras que desde el grupo Popular lamentan que «vuelve a suceder lo que nos temíamos. Parece el contrato maldito», cuenta el portavoz Óscar Lillo. «Hay que volver a empezar, fiel reflejo de la gestión municipal de los últimos años» y achacan a los concejales este contratiempo «porque el político es quien tiene que organizar y gestionar su departamento y este contrato no es el ejemplo de gestión y planificación». Advierten que «lo normal es que no se hubiera abierto la plica económica», y añade, «pero el concejal de Contratación está más pendiente del calendario judicial».
