San Vicente del Raspeig ha formalizado definitivamente la compra de tres de las cuatro viviendas sociales que tenía pendientes de adquisición, algunas con una demora de más de un año desde que se inicio, y por un montante global de 289.500 euros.El proceso ha sido más largo del previsto, tanto que han superado el año presupuestario en el que estaban previstas.
En esta remesa se encuentra la primera casa a la que el Ayuntamiento optó en diciembre de 2020 por el convenio firmado con la Generalitat en septiembre de tanteo y retracto. Un acuerdo que permite al consistorio optar en primer lugar cuando se va a vender una vivienda y hay compradores interesados.
Estas casas pasarán a formar parte del parque de vivienda social de San Vicente que ahora mismo tiene seis casas, dos destinadas a emergencias sobrevenidas y que no están ocupadas y otras cuatro a disposición de las familias con más necesidades durante seis meses y la posibilidad de prórroga otros seis. Aunque ya llevan cerradas un mes desde que se desalojó a las primeras cuatro familias que las ocuparon en septiembre, y ello a pesar de que hay una lista de espera de personas esperando el recurso.
Otra de la actuaciones inmediatas del consistorio en materia de viviendas sociales son las obras de acondicionamiento de una planta baja municipal en Santa Isabel para destinarla a vivienda y que se hará junto a la adecuación del consultorio médico de esa barriada con un precio de licitación de poco más de 107.000 euros.
La compra de los tres inmuebles ha sido una tarea larga, aunque el primer edil y concejal de Urbanismo, Jesús Villar, defiende el convenio de tanteo y retracto. Recuerda el escaso éxito con el método anterior, cuando el Ayuntamiento era el que hacía la oferta ya que los trámites con la Administración resultaban poco ágiles y atractivos para los vendedores. Y por eso anuncia que en el pleno de junio se llevará a aprobación la renovación de este acuerdo con la Generalitat.
Fondo buitre
A tres días de acabar 2020, la junta de gobierno aprobó la compra de una casa en la calle La Esperanza y es ahora, en mayo de 2022 cuando finalmente se formaliza. En su día generó polémica puesto que una pareja de sanvicenteros había iniciado el proceso de adquisición y pedido un préstamo para afrontar el pago. Durante estos dos años el consistorio ha estado reclamando al propietario, un fondo buitre, la documentación para poder formalizar la operación y no era hasta el pasado diciembre cuando finalmente la recibió. Este jueves el Ayuntamiento finalmente ha aprobado la compra de esta y otras dos casas más, en este caso por un precio de 115.000 euros. Esta vivienda estaba presupuestada en el ejercicio de 2020 y en este caso se adquiere con cargo al presupuesto de 2022.
El objetivo de estas viviendas es un destino social a personas y colectivos con escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad que se encuentren inscritos en el registro del área de Bienestar Social
La segunda casa social destinada a parque de alquiler social está en la calle Bailén y ha costado 106.500 euros, se encuentra en una tercera planta con ascensor y tiene 70 metros cuadrados y una terraza de otros 30 metros. Estaba contemplada en el presupuesto de 2021 cuyo importe ha sido incorporado al de 2022.
Y la tercera casa social comprada está en una primera planta de la calle San Bernardo y ha costado 68.000 euros, crédito reservado en 2021 que se ha incorporado al presupuesto de 2022.
Villar anuncia que el equipo de gobierno va a formalizar un contrato para hacer la revisión de las viviendas cuando las familias que las habiten salgan de ellas "y ponerlas en orden". Explica que el contrato se está preparando desde el área de Mantenimiento y justifica que los técnicos municipales no dan a basto para realizar también esta tarea. A la vez, anuncia un contrato menor dentro del mantenimiento de edificios públicos para asumir los arreglos y desperfectos que puedan tener estas viviendas. Y ello porque ahora mismo las casas llevan un mes cerradas mientras Bienestar Social tiene una lista de espera de familias con necesidad de habitarlas. En el último pleno y a preguntas de Ciudadanos la concejal, Isabel Candela, explicó que las viviendas estaban en revisión antes de volver a entregarse a otras personas.
