El convenio para pagar el Palacio de Justicia, sin fecha de inicio

El acuerdo entre la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento de Ibi para el pago del Palacio de Justicia tiene letra pequeña: carece de fecha de inicio. Serafín Castellano, por tanto, se ha comprometido a indemnizar al consistorio, que adelantó la inversión de 1,7 millones de euros más IVA, pero sin concretar a partir de cuándo. Este recinto judicial fue inaugurado por el presidente de la Generalitat Francisco Camps el 27 de enero de 2009.

Durante cuatro años y un mes, el Ayuntamiento de Ibi, presidido por Mayte Parra, ha intentado que la Generalitat cumpliera su compromiso "verbal" de reembolsarle la inversión efectuada por el Palacio de Justicia. Fue una decisión política, del gobierno del PP con mayoría absoluta, de que el consistorio asumiera los gastos inicialmente, ante la falta de compromiso de la Generalitat y la necesidad de dotar a la Justicia de unas instalaciones dignas (que por aquel entonces estaba enclaustrada en los bajos de un edificio del casco urbano).

La portavoz del PSOE, Susana Hidalgo, subrayó que se trata del "quinto acuerdo falso de pago que se nos vende y que es mentira, igual que los anteriores". De esta forma, Hidalgo se refería a los compromisos que durante estos cuatro años el gobierno de Parra ha ido promulgando de que la Generalitat pagaría la inversión en este complejo, y que en ningún momento se han llegado a materializar. "Nos han vendido y nos venden mentiras a capazos", comentó.

En este caso, el acuerdo se produce en vísperas de una demanda judicial. El propio comunicado oficial del consistorio admitía que "tras todos estos años de compromisos incumplidos, en diciembre de 2012 el Ayuntamiento de Ibi presentó la correspondiente reclamación administrativa previa a la demanda judicial. Ahora, a punto de vencer los tres mese que la conselleria tiene para contestar, Mayte Parra, en pro del buen entendimiento entre administraciones, ha realizado un último intento de acuerdo antes de la vía judicial, y conseguido este compromiso por parte del conseller responsable".

El acuerdo "compromete" a la Conselleria de Justicia a pagar a plazos el edificio judicial, por lo que desembolsará 1,7 millones de euros más IVA, una cantidad que incluye también los costes financieros generados por el aplazamiento de los pagos. El desembolso se efectuará en el plazo de 9 años, a través de un arrendamiento de las instalaciones a razón de 15.000 euros al mes; aparte, se ha previsto una cuota final de 477.000 euros. La fórmula escogida es la de "arrendamiento a ocho años con opción a compra".

Todo esto, sin embargo, está pendiente aún de concretarse a pesar del "acuerdo" alcanzado entre las administraciones, ya que la Conselleria de Justicia no ha fijado "la fecha para el inicio del pago, que está siendo estudiada en la Generalitat".

Desde que Camps lo inauguró, el Ayuntamiento no ha percibido ni un céntimo por esta instalación, que presta servicio a los más de 40.000 vecinos de Ibi, Tibi, Castala y Onil. Hay que significar, como anécdota, que en la inauguración el presidente Camps dijo textualmente que este Palacio de Justicia "es una muestra de la inmensa apuesta que el Consell está realizando en la materia y que ha convertido a esta autonomía en la que más ha invertido en infraestructuras judiciales".