El contrato objeto de la controversia fue aprobado por el Ayuntamiento de Alcoy, con los votos exclusivos del PP -que en aquel momento tenía la mayoría absoluta- en mayo de 2010. Se trataba de habilitar un bulevar, al estilo de la Gran Vía de Alicante, que permitiera unir la Zona Norte con los accesos a Batoy. De esta actuación, cuyos primeros pasos se remontan a la época de José Sanus, apenas se habían llegado a construir unos cientos de metros en la zona de Renfe y la ampliación del puente del Barranquet de Soler.
El plato fuerte llegaba con las fases dos y tres, que contemplaban el tramo desde el cruce de la carretera del Preventorio con El Collao, incluyendo el paso de Isabel la Católica, verdadero «punto negro», por su dificultad técnica, de esta actuación.
El equipo de Sedano diseñó un vial de tres carriles que registró notable contestación ciudadana y una encendida polémica, pero lo acabó consumando, adjudicándolo a la firma Bulevar Norte Alcoi, SL, del grupo Ortiz. La construcción importaba 13,2 millones de euros, pero, en realidad, el grueso de la contrata se la llevaba el mantenimiento, ya que el Ayuntamiento abonaría a Ortiz un total de 27 millones hasta 2030. El mayor proyecto de la historia de Alcoy.
De manera específica, el contrato incluía el abono de 1,5 millones por año, cantidad que incorporaba tanto la obra como el mantenimiento y los intereses del conjunto de la obra. Los grupos de la oposición pusieron el grito en el cielo, al entender que este contrato era muy negativo para los intereses municipales. De hecho, con el vuelvo electoral de 2011, el gobierno tripartido PSOE/Compromís/EU denunció que, con la crisis, no se podía hacer frente a los pagos y, amparándose en razones de índole técnica -las deficiencias apuntadas en el proceso- anuló la contrata. El constructor recurrió y ahora un juzgado le ha dado la razón, lo que supone un nuevo revés jurídico-económico para las arcas del Ayuntamiento.
