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Alcoy urge a las Cortes a esclarecer el brote de covid que costó la vida a 74 usuarios del geriátrico de Oliver

Las familias afectadas, que cuentan con el apoyo de la corporación municipal, lamentan que 24 meses después siguen "sin respuestas"

Imagen de archivo de una de las concentraciones que convocó la asociación de afectados. Juani Ruz

El pleno municipal de Alcoy ha aprobado este viernes instar a las Cortes Valencianas a abrir una comisión de investigación para esclarecer el brote de coronavirus que costó la vida a 74 usuarios de la residencia DomusVi, antiguo Hospital Civil de Oliver, entre marzo y abril de 2020. Las familias afectadas, presentes en el salón plenario, han lamentado que después de 24 meses siguen "sin respuestas".

A punto de cumplirse dos años de la declaración de uno de los brotes de covid-19 en residencias de mayores más virulentos de España, las familias de los 74 usuarios fallecidos del geriátrico alcoyano continúan esperando respuestas. Por ello, han solicitado el apoyo de la corporación municipal y que el Ayuntamiento exija a las Cortes la apertura de una comisión de investigación sobre lo sucedido. Asimismo, han pedido que el pleno traslade estos acuerdos a las consellerias de Sanidad e Igualdad y Políticas Inclusivas y que éstas "informen a los afectados del proceso de forma periódica".

El representante de la Asociación de Familiares Afectados de las Residencias DomusVi de Alcoy y Cocentaina que ha leído el texto presentado al pleno también ha recordado que el Consistorio ya aprobó en mayo de 2020 instar al Ministerio Fiscal que "realice una investigación exhaustiva" a fin de depurar responsabilidades y el 30 de julio del mismo año, el alcalde, Toni Francés, manifestó su confianza en que la investigación de la Fiscalía resolviera las cuestiones planteadas, pero "tampoco las solicitudes realizadas por nuestros representantes locales tuvieron respuesta".

Ante esta situación, los afectados han denunciado que "es mucho tiempo de silencio", un "silencio que duele", y han manifestado que "no es admisible que en un Estado que se dice así mismo de 'Derecho', las instituciones encargadas de defender a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables, renuncien a sus obligaciones".

La solicitud de la entidad ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos y ha sido aprobado como declaración institucional.

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