La Comunidad Valenciana se encuentra entre las que menos factura al Fondo de Cohesión Sanitaria por los gastos correspondientes a la asistencia sanitaria que la Agencia Valenciana de Salud presta a ciudadanos desplazados de otros países pese a ser la quinta autonomía que más turismo internacional recibe. En 2002 -último dato disponible- se reclamaron 349.286 euros por este concepto, una cantidad sensiblemente inferior a la de otras comunidades con menor recepción de turistas como son Murcia, que reclama 882.101 euros, Galicia con 1.448.376 o Castilla-León con 459.479.

Este hecho, que resulta bastante sorprendente, lo es aún más si se tiene en cuenta la insistencia con la que el conseller de Sanidad, Vicente Rambla, reclama (de palabra) al Gobierno de Rodríguez Zapatero la friolera de 100 millones de euros por la asistencia sanitaria que viene prestando esta autonomía al conjunto de desplazados.

El Real Decreto 1247/2002, de 3 de diciembre, por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria establece incentivos para compensar a las comunidades autónomas el coste de la asistencia programada en dos supuestos. A residentes en España, con derecho a la atención sanitaria de la Seguridad Social, que se desplacen a otra autonomía distinta a la de residencia con autorización de la de origen y de la de recepción siempre que no se disponga de los servicios hospitalarios que se requieran (patología compleja) o sean insuficientes. En el caso de extranjeros que residen de forma temporal en España, el fondo establece que se compensará la asistencia sanitaria que cada autonomía preste a residentes en la UE y de otros países con los que se mantengan suscritos convenios de colaboración en esta material.

La dotación del fondo que en el año 2002 se distribuyó a las comunidades ascendía a 55.09 millones de euros. Para el año 2003 se destinaron 52 millones. Por comunidades, sólo la de Madrid facturó un total de 31,3 millones de euros por la suma del gasto a desplazados nacionales y extranjeros seguida de Cataluña con 10,2 millones. Tras ellas, con dos millones de euros, se sitúa la Comunidad Valenciana, principalmente por atender a pacientes de autonomías limítrofes.

Del fondo queda excluido cualquier pago por atender a desplazados temporales en cualquier autonomía, aunque desde el Consell se insiste ahora en que hay que ampliar las compensaciones. No opinaban lo mismo cuando el Gobierno central era de su mismo signo.

En 2002, antes de aprobarse el fondo, Rubén Moreno, entonces secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria que antes había ocupado un alto cargo en la Conselleria de Sanidad decía que «si el fondo contemplara y sostuviera toda la atención sanitaria prestada a personas no residentes, el gasto sanitario se duplicaría y sería una perversión del sistema». El PSOE criticaba el recorte de la cantidad destinada a la cohesión, Aragón consideraba la dotación insuficiente igual que el Consejo Económico y Social y sólo Cataluña inició un contencioso administrativo por considerar que no se cumplía el principio de suficiencia financiera. Curiosamente en abril pasado, los consejeros de Sanidad del PP pidieron ampliar el fondo.

Desde el PSPV-PSOE se entiende que si Rambla ahora reclama 100 millones de euros por estas prestaciones «antes ha habido una ineficacia e incompetencia en la facturación». La diputada socialista María José Mendoza critica que la Generalitat no reivindicara nada cuando se negoció el fondo y que ahora «no se sabe en base a qué estudio se pida esa cantidad y se llegue al radicalismo verbal de los deberes no hechos en la facturación por parte de la Generalitat, algo que no se corresponde con los gastos que reclamaron al Gobierno del PP en su momento».