U n total de 24,5 kilómetros de conducciones de agua potable deberán ser sustituidas en toda la ciudad antes de finalizar el año 2012 al estar construidas con materiales no autorizados por la normativa vigente. Aguas Municipalizadas de Alicante, empresa responsable del abastecimiento del agua potable, ha cuantificado el importe de esta operación en casi siete millones de euros y ha trazado un plan para poder completarlo dentro del plazo previsto, lo que le obliga a sustituir cada año alrededor de cuatro kilómetros de tuberías.

Las conducciones que tienen que ser sustituidas, para adaptarse al Real Decreto 140 del 7 de febrero de 2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, se distribuyen por todos los barrios y zonas de la ciudad. Se trata de todas aquellas conducciones de fundición gris y de acero galvanizado, materiales que no están autorizados por la citada normativa, por lo que deberán ser reemplazadas antes de que finalice 2012. Técnicos de la empresa abastecedora de agua señalan que el problema de estos materiales es que se oxidan y por ello no hay otra solución que reemplazarlos por otros materiales.

Aguas de Alicante señala que más de 15 kilómetros de estas tuberías de agua se encuentran dentro del casco urbano y que los 8 kilómetros restantes se distribuyen por el término municipal en las llamadas «conducciones en traída». En cuanto al diámetro, afecta a la totalidad de los tamaños, desde 100 hasta 500, aunque más de la mitad se corresponde con las tuberías de menor tamaño.

El presupuesto para la sustitución de estos 25 kilómetros de canalizaciones es de 6.795.000 euros, de los que casi cuatro se corresponden con las tuberías de la zona urbana y el resto con las «conducciones en traída». La mercantil señala que el total de tuberías a sustituir era inicialmente mucho mayor pero explica que en todos los trabajos que se vienen realizando desde la implantación del Real Decreto ya se instalan las tuberías con los materiales autorizados, lo que ha permitido que una parte de la red de agua de la ciudad esté ya adaptada a las nuevas exigencias legales.