El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado prohibir el uso del cigarrillo electrónico en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público.

Éste ha sido uno de los acuerdos alcanzados ayer en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tras recoger las opiniones de comunidades autónomas y de sociedades científicas, «se elevará la propuesta a todos los grupos parlamentarios», según informaron ayer desde el Ministerio de Sanidad.

Los consejeros autonómicos y el Ministerio acordaron también plantear a los grupos parlamentarios la ampliación de la prohibición a todos los lugares públicos cerrados, al igual que ocurre ahora con los productos del tabaco, de acuerdo con la actual Ley del Tabaco, según informó Mato en rueda de prensa. A la espera de que el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea avancen en la regulación de estos productos, los responsables de Sanidad han acordado una postura común para limitar el consumo de cigarrillos electrónicos hasta que no se conozcan los efectos para la salud, priorizando la protección a los menores, para los que ya se encuentra prohibida la publicidad y el consumo.

Mato indicó que la limitación debe hacerse a través de una ley, por lo que se buscar el mecanismo más rápido para que sea posible aplicarla en el mes de enero, mientras que para una regulación más amplia de la prohibición habrá que esperar a lo que digan los parlamentarios.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, señaló ayer que los cigarrillos electrónicos son «una gran trampa, muy peligrosa y engañosa».

El representante de los médicos fue tajante: «Hay que regularlo de forma drástica», equiparándolo al tabaco convencional e incluyéndolo en la ley antitabaco. «No podemos justificar excepciones con el cigarrillo electrónico sobre las regulaciones del consumo de tabaco, ni en los espacios, ni en las prohibiciones. Crear condiciones especiales para su consumo, que es igual de tóxico que el tabaco, no se puede tolerar», subrayó el presidente de los colegios médicos.

Rodríguez Sendín arremetió contra los riesgos que suponen los cigarrillos electrónicos. «Se pretende dar la sensación de que son una alternativa al tabaco, inocente e inofensiva, y no lo es porque perjudica a la salud. Llevan compuestos tóxicos y producen dependencia como la nicotina».

«Estamos preocupados -expuso el presidente de la OMC- de que se pueda promocionar como inocuo, cuando provoca adherencia y dependencia. Se busca un mecanismo para estimular el consumo precoz de los jóvenes». ¿Pueden ayudar durante un tiempo determinado y con el control de un profesional a un fumador?, se ha preguntado Sendín. «Hay que demostrarlo y meditarlo, porque todo lo demás es negativo», respondió.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE), Manuel Muñoz, considera que «el cigarrillo electrónico no es equiparable al tabaco» y, por tanto, entiende que en su regulación no se debe incluir la prohibición de «vapear» en los sitios públicos cerrados, a excepción de los lugares acordados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).