Turismo declara la guerra a Airbnb por comercializar apartamentos ilegales

La Agencia Valenciana Turismo ha pasado de las palabras a los hechos y finalmente ha declarado la guerra a las plataformas de internet que comercializan apartamentos turísticos ilegales. La apertura hace un año de expediente a varias empresas tecnológicas que ofrecen este tipo de alojamiento que prolifera en las ciudades, ha terminado finalmente en expediente sancionador a Airbnb, buque insignia de la «economía colaborativa» en el ámbito turístico. La decisión ha sido tomada los últimos días de diciembre, tras un año de «pedagogía», reuniones y propósitos de enmienda no cumplidos. La empresa tiene unos días para presentar alegaciones.

Según Turismo, la sanción a esta plataforma podría rondar los 30.000 euros. Con la nueva ley que se tramita en estos momentos, esa multa alcanzará los 100.000 euros, la mayor cantidad en España.

Con este movimiento, el Consell se suma a la guerra abierta en 2014 por la Generalitat de Cataluña contra Airbnb, y que ahora ha redoblado el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau con una multa de 600.000 euros. Barcelona, de hecho, es la única ciudad del mundo que les ha multado. Y por los mismos motivos que en la Comunidad Valenciana: anunciar pisos sin licencia turística. En todo caso, la irrupción de estas plataformas ha provocado choques en todo el mundo. El departamento jurídico de Airbnb negocia con cientos de ciudades debido a que este fenómeno apenas regulado, por reciente, se enfrenta a una disparidad de normativas.

Solo viviendas con «matrícula»

Y en la Comunidad Valenciana, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se ha hartado, literalmente, de esperar a que la tecnológica de San Francisco atienda los continuos requerimientos para eliminar de su oferta los pisos ilegales. Es decir, aquellos que no están inscritos en el registro de turismo de la Comunidad y que, por tanto, pueden formar parte de la economía sumergida. Los contactos de la administración autonómica con Airbnb, de hecho, se remontan a la época del PP, aunque se han intensificado el último año y medio con el cambio de gobierno. La mayoría de las plataformas advertidas en su momento han adaptado su base de datos y solo ofrecen pisos de particulares registrados. Pero algunas, entre ellas Airbnb, han dado largas.

«Una multinacional, una empresa global con un volumen de negocio espectacular no puede ignorar reiteradísimamente los requerimientos de esta pequeña aldea gala que es la Comunidad. La fase de la pedagogía y contraargumentos sobre qué es la economía colaborativa ha pasado. He dado instrucción de evitar la impunidad», declaró a este diario Francesc Colomer. Estos movimientos se producen en paralelo a las campañas de inspección para aflorar estas viviendas turísticas clandestinas. Solo en la última campaña estival se han detectado 10.500 pisos ilegales.

Airbnb es el líder mundial de este nuevo nicho de mercado que compite con la industria tradicional del alojamiento. Tras una última ronda de financiación, su valor se cifra en 30.000 millones de dólares. Está considerada como una de las start up más valiosas, por detrás precisamente de otra firma controvertida que ha sacudido el negocio tradicional del transporte de pasajeros, Uber. Airbnb opera en más de 34.000 ciudades de 191 países, con dos millones de anuncios. Ya ha alojado a 60 millones de huéspedes y algunos informes sitúan su facturación en 2020 en diez millones de dólares.

La plataforma cobra por cada reserva que se realiza en su web «una tarifa de servicio a los anfitriones» y otra a los huéspedes, que varía entre el 6% y el 12%.