Casi dos años al frente de este tripartito de Alicante, lastrado por las continuas tiranteces y la más absoluta desconfianza, dan para acumular malos días, peores semanas y meses para olvidar. La semana que hoy acaba, de hecho, no ha sido la única mala semana de Gabriel Echávarri desde que llegó a la Alcaldía. Tampoco será, a buen seguro, su última mala semana en la cuarta planta del Ayuntamiento. Con todo, ha sido una semana «horribilis» para el socialista, que ha sido algo más que juez y parte.
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Todo echó a rodar el sábado de la pasada semana, cuando el PP anunció que acudiría a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el posible fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comerciocontratos Concejalía de Comercio, que dirige el propio Echávarri y cuyo día a día recae en el asesor Pedro de Gea. Ahí empezó a torcerse del todo una historia que centró el foco de la vida municipal cuando la Junta de Gobierno decidió, a principios de este mes, iniciar la anulación de facturas por un valor total de 190.000 euros después de que el interventor detectase irregularidades. A la espera del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, órgano al que tuvo que recurrir el tripartito para invalidar un proceso con evidentes sombras, todo giraba en torno a la propuesta de Cs de impulsar una comisión de investigación. Esa idea, que en el fondo tampoco gustaba en Alcaldía pese a que Echávarri anunció que el PSOE votaría a favor de su creación, adquirió rango de anécdota cuando el PP decidió ir más allá.
El anuncio se confirmó el pasado martes (el lunes, Día de la Mona, era festivo en la ciudad), cuando el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, acudió a la Audiencia Provincial para presentar ante la Fiscalía una denuncia contra el propio alcalde de Alicante por presunta prevaricación administrativa, un delito que podría inhabilitar al socialista para cargo político de nueve a quince años.
Apenas dos horas después de que Barcala saliera de la Fiscalía, Echávarri tomó la palabra para, en su habitual estrategia de defensa, atacar con dureza al dirigente del PP. «Cuando a un mentiroso le das un micrófono, se crece», le dedicó el alcalde al líder de la oposición, antes de dejar caer una frase que, entonces, extrañó a todos y que, apenas dos días después, cobró sentido. «En fin, [Barcala] ha cruzado una línea, que es la de atacarme personalmente y familiarmente, lo que es un punto de no retorno», anunció el socialista.
Entonces, muchas voces se preguntaron a qué se referiría al hablar de «ataque personal y familiar», cuando el PP «sólo» había acudido a la Fiscalía para denunciar un presunto delito. «Es un recurso habitual en la política, que no debe sorprender a un abogado como Echávarri», decían desde el PP, mientras intentaban encontrar sentido a las palabras del regidor socialista.
Para explicar el cariz «familiar» de esa frase, realmente sólo hubo que esperar dos días, el tiempo que necesitó el alcalde para pasar selectivamente el rodillo y despedir a una trabajadora interina, que desarrollaba su labor en la Concejalía de Cultura desde que entró en el Ayuntamiento en 2010, con motivo de la apertura del MACA y de las Cigarreras. Tras la puesta en marcha de esas instalaciones y coincidiendo con la llegada del tripartito al Ayuntamiento, el nuevo responsable de Cultura, Daniel Simón (Guanyar), destinó a la técnico de museos y licenciada en Historia del Arte a dirigir la Lonja y el Centro Municipal de las Artes. Y allí estaba, organizando exposiciones, hasta que el pasado jueves su nombre se reflejó en un decreto de cese que se firmó, y en política no caben las casualidades, apenas dos días después de que el PP llevara al alcalde a Fiscalía. El documento, que salió del área de Recursos Humanos (en manos de los socialistas), iba contra la trabajadora, cuñada del popular Luis Barcala, el concejal que ha llevado ante la Justicia al alcalde de Alicante. Un nexo familiar que la ha dejado al final en la calle.
Ahí, con el despido fulminante de esta empleada, se dio sentido a las palabras oídas el pasado martes: «Se ha cruzado una línea, que es la de atacarme personalmente y familiarmente». Desde el PP no tardaron en hablar de «venganza» personal, mientras que sus socios de gobierno censuraron al unísono la decisión del alcalde. De nuevo, ante la opinión pública, Echávarri se quedó sin respaldo.
Consumado el despido, uno y otro, el alcalde y el líder de la oposición, se tuvieron que ver las caras -se sentaron frente a frente- sólo unas horas después. Fue en la comisión de Ikea convocada por urgencia el pasado viernes, también dos días después de la fallida reunión entre el tripartito y la empresa sueca, que suspendió unilateralmente el encuentro previsto en Madrid (en los negocios tampoco existen las casualidades) después de que Echávarri confirmase que no acudiría a la cita con la multinacional -la primera tras la espantá de los directivos de Ikea, que se remonta a septiembre de 2015- por no acudir el director de Expansión.
No fueron pocas las críticas, públicas y con los micrófonos apagados, que arreciaron contra el alcalde, al que acusaron de dinamitar las escasas opciones de que el coloso del mueble se implante en la capital alicantina.
Así, entre los sempiternos líos con Ikea, el paso por la Fiscalía a costa del PP y sus consecuencias en forma de «vendetta» familiar, esta semana no ha sido fácil para Echávarri. Pronto, seguro, será un mal recuerdo. Está visto que, en el tripartito, todo es susceptible de empeorar. Y eso que, como recordó Natxo Bellido, habían venido al Ayuntamiento «para hacer las cosas de forma diferente».