Con una sanción de 2.000 euros ha concluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el expediente abierto el pasado abril por los retrasos en su departamento al magistrado Eugenio Alarcón, titular del juzgado de lo Penal número 6 de Alicante. La comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha dado por finalizada la investigación calificando como «falta muy grave» una acumulación de asuntos pendientes de resolver que en los meses previos al comienzo de las pesquisas superaba el millar.
En una resolución que se ha adoptado por unanimidad, contra la que cabe recurso y de la que ha sido ponente la magistrada Ángeles Carmona, la comisión disciplinaria entiende que el magistrado ha cometido una falta grave por «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales», según recoge el artículo 417.9 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, por el que se le ha castigado.
Catorce meses de espera
Alarcón es el magistrado que juzgó en mayo del año pasado al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales, una causa cuyas demoras en este juzgado fueron sangrantes. Iniciada en abril de 2013 en el Tribunal Superior (TSJ ) debido al aforamiento del exregidor por su condición de diputado autonómico, la instrucción se cerró con gran celeridad, en apenas diez meses. La Fiscalía reclamaba para él penas que sumaban más de nueve años de cárcel. La dimisión de Alperi de las Cortes, con la consiguiente pérdida del aforamiento, motivó que el TSJ enviara la causa a Alicante. Poco después de llegar (en febrero de 2015), Alarcón planteó a la partes si debía quedársela o devolverla a Valencia. Respondieron, pero el procedimiento estuvo sin moverse durante más de dos años, aguardando turno junto al resto de asuntos.
A finales de 2017, el magistrado dejaba estupefacto al TSJ al enviarles el proceso planteando que el criterio del Supremo sobre el enjuiciamiento a aforados había cambiado en este tiempo y que el juicio debía celebrarse en el órgano autonómico, interpretación que no compartía el TSJ.
«La comprobación de los tiempos transcurridos nos enfrentan a una dilación difícil de entender, incluso desde la sobrecarga que padecen muchos de nuestros órganos jurisdiccionales», contestaban desde el TSJ al comprobar los retrasos que acumulaba el proceso. Después le devolvió la causa para que celebrara el juicio con la mayor celeridad posible.
Seis meses después, a los tres años de haber llegado el procedimiento desde Valencia, el juicio pudo finalmente arrancar el 7 de mayo del año pasado y el 1 de junio quedó visto para sentencia. La resolución, que fue absolutoria tanto para Alperi como para otros tres empresarios juzgados junto a él, aún se hizo esperar casi catorce meses tras los que la Fiscalía pidió, junto a su anulación por «falta de valoración de la prueba», que otro juez enjuiciara el asunto. El recurso sigue pendiente de resolución.
Este asunto, con todo, ha sido sólo uno de los más del millar de los arrumbados en el juzgado de Alarcón, motivo por el que la Inspección de CGPJ le tenía sometido a un seguimiento. A ello se unió la denuncia de un particular afectado. La suma de ambos provocó la apertura del expediente.
La estadística que anualmente elabora el CGPJ sobre el funcionamiento de los órganos judiciales recogía que el juzgado de Alarcón cerró el pasado año con 1.352 asuntos sin concluir. Unas cifras que, en realidad o son muy dispares, de las que arrojaban otros departamentos hermanos como el Penal 4 y el Penal 7.