La ubicación de la Oficina de Turismo que se está construyendo sobre el Paseo del Puerto amenaza con abrir una nueva grieta en el bipartito, después de los choques en el seno del equipo de gobierno por el recurso de la sentencia del ruido, que el PP decidió a espaldas de Cs, y las negociaciones por el reparto de partidas en los Presupuestos de 2020. Y así lo evidenció ayer el alcalde, Luis Barcala (PP), que se permitió matizar las palabras de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), que un día antes defendió el emplazamiento actual, que se eligió durante la etapa del tripartito sin que ningún grupo evidenciara entonces reparo alguno.
Después de que Sánchez asegurase que la actual ubicación es «totalmente estratégica, con una visibilidad espectacular y con unas particularidades en su diseño que van a hacer única la Oficina de Turismo» y que «lo importante es que la oficina empiece a funcionar y que dé el servicio que necesitan los turista», Barcala mantuvo ayer que la ubicación «no es idónea» y que la infraestructura, financiada por la Generalitat y cuyas obras acumulan un retraso superior a los seis meses, «donde está es un pegote», unas palabras que a priori chocan con las que defendió la «número dos» de su gobierno y responsable municipal de Turismo. «El entorno de la Plaza del Mar es estratégico, pero no la plataforma del Puerto. No hay discrepancias, hay matices», señaló Barcala, quien defiende el traslado pero ahora condicionándolo al coste de unos trabajos para los que no ha fijado un presupuesto. «No puede costar más el traslado que la oficina, eso es de sentido común. Debe ser un coste razonable», añadió el alcalde, sin concretar a qué cantidad se refiere.
Sánchez fue aún más prudente en su valoración sobre el posible traslado. «Hay que mirarlo con mucho detenimiento, ver si es viable», señaló la vicealcaldesa el pasado lunes tras una reunión con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien no se atrevió a poner fecha a unas obras que han estado en el aire después de que la constructora exigiera el cobro de unos 130.000 euros por sobrecostes, a lo que se negaron desde el principio en el gobierno valenciano. Sobre ese retraso también se pronunció ayer Barcala, quien reprochó la falta de una fecha concreta para la entrega de la obra. «Van pasando los meses y la obra no se termina de rematar. Lo único que les pido es que la terminen de una vez», finalizó el alcalde.
