Hace ocho meses, a solo una semana de la decisiva cita con las urnas de las elecciones municipales del 26 de mayo, el entonces alcalde y candidato a la reelección, el popular Luis Barcala, prometió una batería de medidas para mejorar el transporte público en Alicante. En concreto, se comprometió a la mejora en la frecuencia de siete líneas del autobús municipal (01, 02, 03, 06, 07, 08 y 10) y la ampliación de la línea 12, además de la creación de una nueva línea para conectar los polígonos industriales del Pla de la Vallonga, Las Atalayas y el centro penitenciario de Foncalent.
El paquete de medidas, valorado en 1,26 millones -partida recogida en el Presupuesto de 2019-, sigue hoy en el aire, ocho meses después de que se anunciase en plena recta final de la campaña electoral. Y todo porque Intervención ha bloqueado la iniciativa del ejecutivo, poniendo «reparos» al texto remitido desde el área de Transporte, que en el momento de la promesa estaba en manos de José Ramón González y ahora está dirigida por Manuel Villar, quien ha confirmado a este diario que las medidas entrarán en vigor en cuanto el interventor dé el visto bueno.
El órgano fiscalizador, según confirman a este diario fuentes municipales, no considera urgente que se mejoren esas líneas del autobús municipal, ni tampoco que se impulse una nueva conexión con los polígonos industriales, a apenas un año y medio de que, presumiblemente, entre el vigor el nuevo contrato. Actualmente, el servicio de movilidad urbana se está prestando gracias a una prórroga excepcional que promovió el gobierno debido a la finalización del contrato que se mantuvo en vigor durante medio siglo. La prórroga, firmada en julio de 2019, se estableció por un periodo de dos años y con un presupuesto de unos 24 millones de euros.
En el comunicado que emitió el gobierno municipal, el entonces concejal de Transportes, José Ramón González, explicó que estaba «previsto implementar próximamente, tras ser llevado a Junta de Gobierno, el plan de mejoras en el transporte público de autobuses, que fue aprobado en Mesa de Transportes». En esa nota, el edil popular que sigue en el equipo de gobierno manifestó su «satisfacción por poder llevar adelante este importante paquete de medidas antes de finalizar la legislatura», tal y como se había «comprometido».
Unas mejoras, según continuó el concejal, con las que «se van a beneficiar a los alicantinos que usan diariamente el transporte público, mejorando las frecuencias de ocho líneas como nos estaban demandando y fomentando su uso, así como crear la nueva línea de conexión a los polígonos industriales y el centro penitenciario de Foncalent, una petición histórica que se va a convertir en una realidad». Y hasta hoy, ya que el interventor municipal ha puesto objeciones que los técnicos de la Concejalía de Transportes intentan solventar con cruces de escritos oficiales. Mientras tanto, los usuarios alicantinos siguen a la espera.
En el paquete de medidas, paralizado en Intervención, se contemplan mejoras de las frecuencias de paso entre cinco y doce minutos en las ocho líneas, además de una ampliación del recorrido de la línea 12, tan demandada por los vecinos del PAU 1, desplazando su actual cabecera desde la Plaza de Luceros hasta la Plaza de Puerta del Mar. Por otro lado, la proyectada línea 07 para los polígonos consiste en la creación de un nuevo trayecto en días laborables a los polígonos industriales del Pla de la Vallonga y Las Atalayas, así como al centro penitenciario de Foncalent. La línea, actualmente, conecta Óscar Esplá con El Rebolledo.
Más casos
Ésta no es la única promesa electoral de Barcala, previa a la cita con las urnas del 26-M, bloqueada en el órgano fiscalizador. De hecho, otro de esos compromisos pendientes de ser realidad protagonizó el último pleno municipal, celebrado hace apenas diez días, cuando unos 300 funcionarios se concentraron en el Salón Azul para protestar por los «incumplimientos electorales» del alcalde, en alusión a la carrera profesional o el incremento de la festividad. En el debate sobre el asunto, el concejal de Recursos Humanos, el popular José Ramón González, apuntó hacia el interventor, al que culpó de que promesas de ámbito laboral estén paralizadas. Con todo, se comprometió a que al menos la implantación de la carrera profesional estará recogida en los Presupuestos municipales de 2020 que están pendientes de aprobar. El documento, según fuentes de Alcaldía, sigue sobre la mesa del órgano fiscalizador.
