Que se impugne el acuerdo firmado por el empresario Ramón Salvador Águeda y las tres acusaciones del proceso del PGOU (Fiscalía, Ayuntamiento de Alicante y EU) en el que el promotor ilicitano admite que pagó para que le recalificaran suelo. Una confesión que ha realizado a cambio de blindar su pena a tres meses de cárcel y 14.500 euros de indemnización en una causa que, en caso de condena, puede generar indemnizaciones millonarias.
La revocación la plantea el abogado Bernardo del Rosal, quien lleva la defensa de los socios del bufete Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa Sonia Castedo, y Javier Gutiérrez, despacho al que Salvador encargó una alegación para que volviera a recuperar la condición de urbano un terreno situado en la Rambla de Rambuchar, en el límite entre los términos municipales de Alicante y San Vicente, lo que finalmente ocurrió. Por este trabajo el empresario pagó 116.000 euros, según consta en un contrato aportado a la causa.
En el nuevo escrito de calificación que ha redactado el fiscal Felipe Briones, donde Ramón Salvador se declara culpable de un delito de cohecho, el acusador público destaca la condición de Gutiérrez «como abogado urbanista colaborador en la redacción del PGOU» para sostentar su acusación por corrupción.
A la conformidad alcanzada con el empresario se agarrarán todas las acusaciones (el Ayuntamiento ejerce la particular y EU la popular) para intentar probar sus tesis de que los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo facilitaron información reservada del planeamiento urbano de la ciudad a cambio de prebendas. Además de los expolíticos, de los abogados de Salvetti y del propio Salvador, en esta causa está también acusado, entre otros, el empresario Enrique Ortiz.
Total, no parcial
A todos ellos asegura Del Rosal que provoca indefensión el acuerdo rubricado con Salvador en tanto que, según sostiene en el escrito que ayer presentó en la Audiencia, «para terminar un proceso por conformidad, ésta se ha debido prestar por todos los acusados».
Apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo, el abogado insiste en «la irrelevancia de una conformidad de solo una parte de los acusados» y en que el acuerdo «sólo impide la realización del juicio oral cuando éste sea total».
También cita el abogado una Circular del Fiscalía General del Estado de la que concluye que «si no existe unanimidad entre los acusados para alcanzar una conformidad, la sentencia deberá basarse respecto a todos ellos en la prueba practicada en el juicio oral debidamente celebrado»
La defensa de los socios del bufete Salvetti mantiene que la conformidad alcanzada vulnera, entre otros derechos, el de un proceso con las debidas garantías dado que, concreta, «el Ministerio Fiscal plantea un doble escrito de acusación, uno más leve o menos severo para el firmante del acuerdo, y otro, más grave o más severo, para todos aquellos que no lo han firmado a pesar de que los hechos que se les imputan son exactamente los mismos (...) lo que vulneraría su derecho a ser tratados de forma igual frente a presupuestos que son idénticos». Y precisa que «los escritos de acusación no pueden ser distintos para quien se conforme y para quien no se conforma»·
No es la primera vez que el promotor ilicitano ha intentando llegar a un acuerdo con las acusaciones para blindar su responsabilidad en este caso. Fuentes próximas al procedimiento indicaron que el hecho de que el empresario tenga otros asuntos judiciales abiertos ha podido influir en la conformidad que se han alcanzado.
En su declaración ante el instructor, el magistrado Manrique Tejada, Salvador relató que había recibido presiones para que pagara comisiones por el PGOU y habló de tres reuniones en las que habrían estado presentes tanto Alperi como Castedo. Encuentros en los que, según dijo, le dijeron que «había que acabar con el monopolio urbanístico de Ortiz».
