Las Cortes han instado a la Generalitat a poner en marcha medidas que garanticen la supervivencia de las farmacias rurales. Todos los grupos de la Cámara autonómica han dado su apoyo a la proposición no de ley (PNL) que el diputado de CompromísCarles Esteve presentó hace unos días en la comisión de Sanidad y Consumo del Parlamento, que plantea la necesidad de poner en marcha diferentes medidas que aseguren la continuidad de las boticas ubicadas en localidades con poca población. El texto, además, promueve que estos establecimientos tengan la categoría de servicio esencial para la lucha contra la despoblación en estas zonas.
De esta forma, el Consell tiene ahora la responsabilidad de tomar en consideración las reivindicaciones que desde hace algún tiempo vienen planteando los farmacéuticos rurales, y que Carles Esteve -también boticario de profesión- transmitía en su PNL. Entre las más importantes, la necesidad de actualizar las ayudas que reciben las farmacias consideradas de viabilidad económica reducida (VEC), que no se revisa desde 2011. Esta bonificación compensa los bajos ingresos que, por lo general, tienen estos establecimientos debido fundamentalmente a la poca población de los lugares donde se ubican. En la Comunidad Valenciana hay 73 oficinas con esta consideración, 16 de las cuales se encuentran en la provincia de Alicante.
Otro aspecto recogido en la propuesta aprobada por los grupos de las Cortes es la puesta en marcha de fórmulas que permitan a los profesionales tener días de descanso y facilidad para cubrir eventuales bajas médicas. Como ya publicó en su momento este periódico, hoy por hoy a los farmacéuticos rurales les es imposible cerrar un solo díaal margen de lo establecido en el horario habitual -domingos y festivos, por ejemplo-, dado que por ley debe haber un establecimiento abierto en cada población y, en estos casos, no hay nadie que pueda sustituirles. En la práctica, significa que les es imposible tomarse unas vacaciones y que las bajas laborales suponen un gran problema.
La demandada inclusión de las farmacias rurales como servicio básico para frenar la despoblación tiene gran trascendencia, ya que eso implicaría dar cobertura legal a los mecanismos necesarios para que las oficinas puedan seguir adelante. Es un aspecto en el que hace hincapié el diputado Esteve, ya que «hay que garantizar el derecho al acceso a los medicamentos». El parlamentario recuerda, en este sentido, «que no se trata únicamente de la cuestión económica», sino de «poner la lupa» en una prestación que tiene sobre todo una función social.
Al ser una PNL, el texto acordado no obliga a la Generalitat a ejecutarlo, pero Esteve confía en que sí sea así y destaca que «abre la posibilidad de que el Consell comience a trabajar sobre el tema». Además, espera que se estudie también «se estudie qué grado de ayuda pueden ofrecer las diputaciones y los ayuntamientos», en aspectos como la cesión gratuita de locales para las farmacias y el pago o la bonificación de los suministros de luz y agua, que también reivindican los boticarios.
Asociación en marcha
Los farmacéuticos rurales han acogido con satisfacción la aprobación de la PNL, pero se muestran cautos ante el recorrido que pueda tener, tal y como señala Blanca Carcelén, boticaria de Benafigos (Castellón) y que acudió al debate de la propuesta en las Cortes. «Estamos contentos con los avances, pero también expectantes, porque hay que esperar a ver qué pasa». Ella también destaca que la consideración de la farmacia como servicio esencial en zonas con pocos habitantes «es una manera de ayudar», y que realmente ejercen esta función de atención a la población, al margen de que, ya de por sí, recuerda, «hay muchos momentos en que somos los únicos profesionales sanitarios que pueden encontrarse en muchos municipios».
Carcelén es una de las profesionales que estará al frente de la asociación que han creado los farmacéuticos rurales de la Comunidad Valenciana, de cuyo desarrollo informó este periódico hace unas semanas. La entidad tiene previsto presentar sus estatutos esta misma semana, con lo que echará a andar de manera definitiva. Con ella, los boticarios quieren poner el acento en la necesidad de su supervivencia y en el papel que realizan en entornos rurales.
Moción en el Senado para crear un plan de apoyo estatal
El parlamentario Carles Mulet pide que se habilite un fondo de compensación y se exima al sector de diversos pagos
Las demandas de los farmacéuticos rurales han llegado también al Senado de la mano de Compromís. El parlamentario Carles Mulet ha presentado una moción para que la Cámara Alta inste al Gobierno a establecer medidas compensatorias para las boticas, así como actualizar las ayudas que reciben las de viabilidad económica comprometida en toda España en función del índice de precios al consumo (IPC). También se pide la creación de un fondo de compensaciónpara las oficinas ubicadas en poblaciones pequeñas, al que contribuiría el propio sector farmacéutico y que, por este motivo, no sería especialmente gravoso para las arcas públicas. Asimismo, se solicita la implicación de diputaciones y ayuntamientos en el mantenimiento de los servicios de guardia, y fórmulas para reducir o compensar algunos pagos en cuotas de autónomo y eximir a estas farmacias de ciertas medidas para la racionalización del gasto.
El senador castellonense, conocedor de primera mano de la situación en la que se encuentran las farmacias rurales, recuerda el gran número de oficinas de viabilidad económica comprometida en la Comunidad, 40 de las cuales se encuentran en su provincia. Mulet señala, en este sentido, que «estudiando la distribución de estas farmacias podemos concluir que se trata de una situación evidentemente asociada a la ruralidad». Por ello, considera que «la administración y el propio sector debe dar viabilidad» a estos establecimientos, los cuales tienen «un elevado interés público» como instalación sanitaria «en estos pequeños municipios con riesgo de exclusión social».
El parlamentario explica en su moción que las farmacias han soportado en los últimos años el encarecimiento de costes como guardias, alquiler, combustible, suministros y retrasos en los pagos de la administración, a la vez que los precios de los medicamentos han ido bajando continuamente. Por ello, llama a compensar todos esos gastos, y a reconocer de manera explícita el valor del sistema farmacéutico actual, que cubre todo el territorio y supone un caso único en Europa.