Los vecinos del Centro Tradicional de Alicante que ganaron hace casi un año el juicio contra el Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales, a consecuencia del ruido derivado de la actividad del ocio, exigen que se ejecute de forma inmediata la sentencia del juzgado de lo Contencioso 4 que consideraba probado que en 11 calles del entorno de Castaños se superan los niveles sonoros permitidos por la legislación. En noviembre de 2019, la juez obligaba al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento administrativo de zona acústica saturada con la toma de medidas correctoras. Tras recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el equipo de gobierno bipartito se comprometió a tomar medidas, con reducción de veladores, control de horarios y suspensión de licencias de pubs «pero en este tiempo no se ha hecho nada y queremos que se abra ya el expediente», señala el abogado de los vecinos, Luis Santamaría.
«Al decir que la asociación es ilícita, el Ayuntamiento nos convierte en espectros»
Las partes se dieron cita de nuevo ayer en el juzgado para dirimir la petición de ejecución provisional de la sentencia, con la incorporación al proceso de los locales de ocio, que tras aquel primer juicio pidieron poder personarse. Para ello recurrieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la misma instancia ante la que también alegaron los servicios jurídicos municipales, y que aún no los ha resuelto. En la vista, el abogado del Ayuntamiento, Mariano Ibáñez, rescató el argumento de la falta de legitimidad de la entidad litigante, la asociación de vecinos del Centro Tradicional, afirmando ante la juez, Begoña Calvet, que no se ajusta a lo que determina la ley de asociaciones al considerar que son un conjunto de comunidades de propietarios. Idéntico argumento utilizó en el juicio cuando defendió que los derechos fundamentales son aplicables a personas físicas y no jurídicas (asociación de vecinos). El defensor de los vecinos replicó que la asociación está legalmente dada de alta en los registros de la Generalitat desde 2008 y que el Ayuntamiento nunca lo ha refutado; y que éste solo mira por los intereses del sector empresarial frente al ministerio fiscal, «que defiende a los vecinos que viven en una zona acústicamente saturada porque lo dice una sentencia».
«El alcalde ha trabajado mucho por un equilibrio entre vecinos y empresarios»
Por parte de los negocios, acudieron abogados de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa), y de varios establecimientos a título particular, que instan a esperar a la resolución de los recursos ante el TSJ que podría, consideran, darles la razón y paralizar todas las actuaciones. A la vez, dijeron que no puede salir gratis a los vecinos poner una demanda sin aportar una garantía económica, que podría ascender a 5 millones.
«Pedir a la juez limitación de aforos y horarios excede la sentencia»
«Hablamos de daños directos para el empleo de la hostelería y el ocio de Alicante»
Los letrados rescataron los datos del único estudio del impacto económico del sector del ocio en la ciudad de Alicante, elaborado en 2015 y que lo cifraba en 100 millones. Según el abogado Daniel Maciá, que representa a una empresa con dos locales, los restaurantes y bares del Centro Tradicional generan un negocio por encima de los cinco millones de euros, a lo que Alroa añadió que dan empleo a 2.000 personas. Sonia Abellán, que representa a esta asociación, dijo que el hecho de que el abogado de los vecinos pida a la juez también medidas cautelares concretas, como reducción de aforos y limitación de horarios, excede el ámbito de la sentencia.
