Los seis meses de impagos del Ayuntamiento de Alicante a UTE Limpal (formada por Clece -del grupo ACS- y Fissa) ponen en serio riesgo el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales en plena pandemia por coronavirus. Y todo porque la adjudicataria ha anunciado a los representantes de los trabajadores que no podrá asumir el pago de la próxima nómina (septiembre) si el gobierno municipal sigue sin saldar las deudas, que rondan los 3,5 millones de euros desde que en marzo la adjudicación finalizó y el servicio se presta fuera de contrato, con certificaciones mensuales que están pendientes de pago. Ese posible impago de las nóminas, según se deslizó en la reunión mantenida ayer entre la adjudicataria y el comité de empresa, podría derivar en una huelga de los trabajadores, como una de las medidas que el comité prevé estudiar si finalmente no se asume la nómina de septiembre.
El concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, José Ramón González (PP), explicó ayer que el pago está pendiente del visto bueno de Intervención, a donde se mandó un segundo informe tras los reparos iniciales. «Esperemos que el pago se pueda desbloquear en breve», señaló el edil del PP.
Pese al decreto del estado de alarma, el Ayuntamiento decidió hace medio año que el servicio se siguiera prestando durante todo el confinamiento aunque los colegios permanecieron prácticamente sin alumnos hasta la reciente vuelta al cole. En esos meses de encierro, según explicaron ayer fuentes próximas a los trabajadores, se realizaron limpiezas generales en los centros. La empresa no quiso ayer hacer declaraciones sobre los impagos.
Años de polémicas
El servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales en Alicante lleva años en el centro de la polémica, desde que, en la etapa del tripartito de izquierdas, el empresario Enrique Ortiz decidió dejar de prestar el servicio que estaba asumiendo fuera de contrato desde hacía veinte meses.
Luego, ya con el bipartito de derechas, la oposición forzó la creación de una comisión de investigación ante las supuestas irregularidades en la prestación del servicio, que se ha cerrado recientemente con un dictamen en el que se reconoce que el servicio prestado no cumplió con lo recogido en el pliego de condiciones. En concreto, el documento que se aprobó con el voto a favor de toda la oposición (PSOE, Podemos, Compromís y Vox) concluye que existe «ingente cantidad de documentación que prueba los incumplimientos de la contrata en cuanto a la calidad del servicio, al igual que prueba los incumplimientos en cuanto a las horas contratadas y las realizadas». El texto que se elevará al pleno municipal incluye las conclusiones de toda la oposición y un voto particular del bipartito.
Desde Compromís, el concejal Natxo Bellido criticó ayer la gestión del contrato. «Queremos saber qué está pasando. Es un episodio más del descontrol y mala gestión del bipartito con este servicio, y en general con los contratos mayores como denuncia Intervención que en ningún caso pueden acabar pagándolo las trabajadoras de la limpieza», señaló el edil.
