La limpieza sigue siendo noticia en Alicante. Y no para bien. A menos de diez meses de que finalice el actual contrato, vigente desde 2013, en el Ayuntamiento ya se asume públicamente que la próxima adjudicación no estará resuelta en tiempo y forma. Fracaso sin paliativos. Hablamos de un contrato siempre mirado con lupa y controvertido desde el primer minuto. El bipartito de PP y Ciudadanos -que como el resto de partidos se comprometieron en campaña electoral a no prorrogar el contrato- se verá obligado a articular una fórmula legal -prórroga convencional o «ad hoc» o pagos mensuales fuera de contrato- para que el servicio -que supone un gasto anual que ronda los 37 millones- siga prestándose mientras se busca nuevo licitador. Es decir, bajo una forma jurídica u otra, Alicante seguirá pagando durante meses -a razón de unos tres millones por factura- a la UTE formada por FCC, Ferrovial y el promotor Enrique Ortiz.
Este escenario anómalo no es nuevo para Alicante ni tampoco para el bipartito de Luis Barcala, que mantiene las otras tres grandes contratas municipales en una situación extraordinaria: la prórroga del transporte urbano, que decretó a mediados de 2019, finaliza en apenas medio año; mientras que el mantenimiento de las zonas verdes (desde mediados de 2018) y la limpieza de colegios y dependencias municipales (desde principios de este 2020) se prestan fuera de contrato, con pagos mensuales muy criticados por el interventor. Entre las herencias recibidas y el estallido de la pandemia, el gobierno local tiene cubierta la nómina de excusas.
Con la limpieza viaria y recogida de residuos, Alicante volverá a tropezar en la misma piedra por enésima vez, tal y como avanzó el responsable técnico del contrato, Sebastián Chicote, y corroboró el concejal, Manuel Villar (PP), durante la última sesión de la comisión para el estudio y análisis del servicio, celebrada este jueves, en la que se evidenció que la limpieza en Alicante es todo un agujero negro. Todo son problemas, mientras que las soluciones se hacen rogar. Tras siete años de vigencia y a falta de meses para que finalice el contrato, la relación entre el Ayuntamiento y la UTE está además judicializada. Las reducciones en los pagos por servicios que supuestamente no se prestan han provocado cientos de reclamaciones y una decena de contenciosos promovidos por la adjudicataria. Falta por ver si alguna de esas batallas acaba con victoria municipal, ya que el pliego en vigor, insuficiente para que la ciudad mantenga un nivel mínimo de limpieza para la mayoría de la población (salvo para su redactor), no ayuda un ápice.
Pero esa guerra abierta entre ambas partes no se produce, ni siquiera, porque la inspección desde el Ayuntamiento esté siendo «exhaustiva», como así reconocen los propios técnicos de Limpieza y como reclama una ciudadanía harta de ver sucias sus calles. Falta personal -según lamentan- para que pudiera existir ese control exigible.
Con este horizonte, el gerente de la UTE está citado para la próxima sesión de la comisión. Y aunque no tiene obligación legal de asistir, sería un sano ejercicio de transparencia si acudiera a dar explicaciones y resolver dudas sobre la prestación de un servicio muy criticado por los alicantinos y que supone el mayor gasto para las arcas municipales.
