La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido en su informe de conclusiones que los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, pusieron el Plan General al servicio de los intereses del promotor Enrique Ortiz. "La actividad urbanística es una función pública, nos preguntamos dónde ha quedado la aplicación de ese principio. Parece ser que entre cenas en el yate, desplazamientos a Ibiza, viajes en el jet y maniobras y estrategias para beneficiar siempre a los mismos despachos de abogados y también para potenciar los ingresos urbanísticos de unos empresarios, se olvidaron de aplicar la Ley Urbanística", con estas palabras ha resumido el fiscal Pablo Romero una larga mañana de informes por parte de los representantes del Ministerio Público para fundamentar su acusación contra los acusados en los presuntos amaños del PGOU. Más dos horas y media de informe por parte del fiscal Felipe Briones y otra hora y media de su compañero, Pablo Romero, en los que han resumido los diez años de investigaciones. Mañana será el turno de las acusaciones particulares, que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida, como acusación particular y popular respectivamente y, si hay tiempo. empezarán las conclusiones de las defensas. La magistrada Montserrat Navarro, que preside el tribunal, ya ha advertido a las partes que su intención es acabar antes del viernes a las tres de la tarde.
La Fiscalía ha insistido en la permanente disposición del promotor para agasajar permanentemente a Castedo y a Alperi para beneficiarse de la amistad que tenía con ellos, aunque intentaban que esa amistad no trascendiera al exterior, encubriéndola como una relación institucional. "La relación entre ellos era profundísima, con unos tentáculos que lo abarcan todo. Lo púiblico y lo privado", ha dicho Briones. La amistad se proyectaba hacia el beneficio de los intereses de Ortiz. Las conversaciones acreditan que el protagonismo de Castedo hacia Ortiz resultó ocultado o disimulado por aquella ante el alcalde. Ortiz practicaba un trato preferencial hacia Castedo o Alperi según le conviniera, aún en claro demérito del otro ", ha incidido. Para Briones, la confidencialidad de los trabajos de revisión del Plan General fue "sistemáticamente vulnerada" y la relación del promotor con Castedo y Alperi le franqueó la adquisición ventajosa de terrenos", ha apostillado. Según la Fiscalía, la amistad del promotor con los dos alcaldes les obligaba a abstenerse en cualquier decisión que afectara a los intereses de Ortiz. El fiscal ha hecho un repaso de todas las dádivas que habrían recibido los dos alcaldes. En el caso de Alperi,, un viaje a Creta en jet privado, entregas de dinero efectivo en su domicilio o el pago de los bungalows de las hijas de éste, asi como soporte a algunas actividades empresariales de su hijo Otto; mientras que en el de Castedo. citó los viajes en yate a Ibiza, las vacaciones en Andorra y un Mini Cooper para una amiga íntima de ésta.
La Fiscalía sostiene que Ortiz tuvo acceso a información reservada del futuro planeamiento urbanística de la ciudad, cuando todavía no era público. Entre algunas de las operaciones bajo sospecha, están las adquisiciones de suelo en Agua Amarga con el objeto de lograr mayor edificabilidad en el sector Torres de la Huerta; así como la operación del Estadio Rico Pérez, donde a juicio del fiscal hubo un pacto velado para que el empresario comprara el campo de fútbol con la promesa de la recalificación del suelo próximo al estadio. Para el fiscal, es irrelevante a efectos penales que el Plan General no llegara a entrar en vigor, ya que el Ayuntamiento dictó una resolución administrativa que expresaba la decisión última de su voluntad.
El fiscal ha rechazado los informes que concluían que estaban manipulados unos CDs con grabaciones aportadas por el empresario Angel Fenoll que dieron inicio al caso Brugal. "Esos CDs no tienen nada que ver con los que se presentaron en la Fiscalía", ha dicho Briones, Dato que Romero kuego ha rematado diciendo que "no coinciden ni la duración de las conversaciones. No sabemos qué discos han analizado estos peritos y desde luego no son los que están aportados a esta causa". También han rechazado los informes que alertaban dela ausencia de una firma digital en las grabaciones de los pinchazos telefónicos y ha sostenido que se trata de una garantía que se introdujo después y que ni siquiera es obligatoria.
En su informe, Pablo Romero, se ha centrado en el papel desempeñado por el despacho Salvetti Abogados y los acusados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo. Romero ha insistido en que ambos letrados presentaron alegaciones que ellos mismos se encargaban de resolver. "No se trataba de alegaciones por errores materiales o cuestiones de poco calado. Se presentaban alegaciones sobre cuestiones de fondo, que llevaban aparejados con otros contratos de prestación de servicios para grandes empresas que las presentaban", ha asegurado. Asimismo, ha insistido en que ambos ofrecieron a Ortiz asesoramiento en la compra de suelo con la información que tenían. En su informe, Romero ha insistido en la conformidad alcanzada con el empresario Ramón Salvador, que admitió haber pagado 100.000 euros a este despacho a cambio de que se recalificara suelo. "El precio no era la alegación, era la recalificación en sí", ha insistido.
Asimisimo ha pedido a la sala la imputación a seis testigos por haber mentido en el juicio: los empleados de Ortiz Javier Llorens, y Pedro Muguruza; del socio del promotor Vicente Pérez Cañas, del empresario Ángel Fenoll y el exdirector de Bancaja Habitat, José Cortina.
