La Plataforma por un Puerto Sostenible, integrada por diversos colectivos vecinales y ecologistas, compareció anteayer en la comisión de peticiones de las Cortes Valencianas para instar a todos los grupos parlamentarios a que desde les Corts se promuevan iniciativas de rechazo a la macroplanta de combustibles del Puerto. Un rechazo que la plataforma espera que se traduzca en que las consellerias competentes en materia ambiental y de seguridad no autoricen lo que no se duda en calificar como auténtica bomba de relojería para la ciudad de Alicante y su entorno natural marino protegido. El asunto sigue parado a la espera de lo que dictamine un juez de Alicante, ya que la promotora del proyecto presentó una denuncia en el Ayuntamiento después de que el Ayuntamiento no le haya concedido la licencia.
La representante de la plataforma, Sol Garcín, presidenta de uno de los colectivos vecinales integrados en la plataforma, la AVV Gran Vía Sur Puerto, expuso a los representantes de todos los grupos parlamentarios y al presidente de les Corts, la gravedad del problema ambiental y de seguridad que supondría que esta macroplanta se instalara en el Puerto de Alicante, con
100.000 toneladas de capacidad en una primera fase que podrían ampliarse en una segunda fase hasta las 700.000 toneladas de combustibles fósiles, según la plataforma.
Además señaló la colindancia directa de la macroplanta con otras dos instalaciones peligrosas que continúan operando en el Puerto de Alicante, una planta de betún asfáltico y una fábrica de fertilizantes, pudiéndose dar un efecto dominó de impredecibles consecuencias, llegándose a mencionar como ejemplo de lo que podría llegar a pasar en Alicante el caso de la trágica explosión que sufrió la ciudad de Beirut el pasado mes de agosto por el almacenamiento masivo en su puerto de nitrato de amonio, según la plataforma.
Todos los grupos parlamentarios, en sus intervenciones posteriores a la de Garcín, expresaron de forma unánime, con mayor o menor contundencia, su rechazo a la macroplanta y su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma. Garcín destacó en su intervención que la macroplanta fue incomprensiblemente autorizada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante al aprobar el 25 de julio de 2019 una modificación concesional que la Plataforma ha recurrido ante los tribunales de Justicia a través de uno de los colectivos que la integran.
En relación a dicho recurso, la plataforma señala que el pasado mes de julio formalizó su demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante mediante un escrito
de 22 páginas en el que se articulan distintos fundamentos jurídicos en base a los que se plantea la nulidad de la modificación concesional, desde el no ajuste del nuevo uso a los usos especificados en la aún vigente concesión otorgada en 2003, al incumplimiento del convenio firmado en 1995 por la propia Autoridad Portuaria para que el Puerto de Alicante no volviera a acoger una instalación de estas características, pasando por el incumplimiento del pliego de condiciones.
