La atención a 500 personas sin recursos, a expensas del futuro de la plantilla de Acción Social

Ante la incertidumbre existente de nuevo, los trabajadores de Acción Social han convocado hoy movilizaciones en todos los centros sociales de la ciudad para protestar por su situación. Se trata de empleados que se encargan de tramitar las ayudas de la Ley de Dependencia, la Renta Valenciana de Inclusión y que atienden a colectivos vulnerables. El despido de este personal implicaría, según explican afectados, que los casos de 500 personas se queden sin atención hasta que los contratos no vuelvan a ser renovados. «Hay situaciones muy delicadas, como la de niños víctimas de abusos o de malos tratos, que están recibiendo asistencia psicológica y que de repente ésta va a quedar paralizada por los despidos», según añaden afectados.

Al margen del encuentro previsto para hoy entre la conselleria y la concejalía, el bipartito de Alicante anunció que prevé llevar el asunto al próximo pleno municipal. El PP y Cs han registrado una declaración institucional para instar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a «solucionar el problema de la contratación de los técnicos de refuerzo que desde el Ayuntamiento de Alicante tramitan las ayudas y los expedientes que son competencia de la Generalitat». En la explicación de motivos de la propuesta impulsada desde el bipartito se recuerda que «la Concejalía de Acción Social se enfrenta a un grave problema, la finalización del contrato de los técnicos de refuerzo contratados por la conselleria para gestionar la tramitación de distintas ayudas». La declaración recalca que «estos técnicos resultan imprescindibles para poder sacar adelante la ingente cantidad de trabajo que acumula la concejalía, máxime en un contexto como el actual, en el que la crisis económica derivada de la pandemia está azotando a un gran número de vecinos del municipio».

Desde la conselleria que dirige Oltra señalan que se ha multiplicado por cinco la inversión den la contratación de personal para los servicios sociales municipales y que, en el caso de Alicante, la conselleria dispondrá de un total de 187 trabajadores y trabajadoras de perfil cualificado para los servicios sociales del Ayuntamiento, desde trabajadores sociales, psicólogos, educadores, trabajadores de integración social, asesores jurídicos y administrativos. «El presupuesto previsto para dotar de este personal al Ayuntamiento es de 4,2 millones, de los cuales 3,9 millones son a cuenta de la conselleria y 300.000 del ayuntamiento», según apuntan fuentes del departamento autonómico, que recuerdan que, con el contrato programa que se prevé poner en marcha con el presupuesto de 2021, el Ayuntamiento podrá contratar al personal con fecha de 1 de enero y darle estabilidad a la plantilla en los próximos años porque se asegura la financiación para los siguientes cuatro ejercicios. Ante los reparos puestos en años anteriores por el interventor municipal, la conselleria va a intentar «certificar que ese pago se va a realizar, a pesar de que consta por ley, para facilitar políticamente el trabajo a los responsables municipales» del Ayuntamiento de Alicante.