Unos 40 empleados públicos interinos de diferentes administraciones han participado en la concentración que se ha llevado a cabo este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Alicante para exigir que se regularice su situación y sus puestos se hagan fijos. La movilización ha formado parte de una protesta más amplia que ha tenido lugar de manera simultánea en diez ciudades de España, entre ellas Alicante, València y Castelló, y que ha sido coordinada en este caso concreto por la Coordinadora de Empleados Públicos en Fraude de Ley de la Comunidad Valenciana. De esta forma se ha querido mostrar también lo que para el colectivo supone el abuso de la contratación temporal para estos trabajadores.
La organización denuncia que las administraciones públicas han estado durante años utilizando sucesivas contrataciones temporales para la realización de labores "que en realidad eran estructurales, generando un problema para las propias administraciones y para los empleados públicos". Además, señala que estas contrataciones han sido "especialmente longevas, sin proveer legalmente las plazas afectadas". Esta cuestión supone "un abuso" de esta fórmula, que incluso contraviene lo dispuesto en la Directiva europea 1999/70, "de obligado cumplimiento para España desde 2001".
La entidad coordinadora de la protesta denuncia que "se encuentran afectadas cientos de miles de personas pertenecientes a todas las administraciones públicas" en España por esta situación, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, los entes locales y los organismos autónomos dependientes. Por ello, defiende que "aquello que se exige cumplir a las empresas privadas, la Administración lo incumple de modo contumaz", y que, al mismo tiempo, los empleados temporales se sienten "traicionados" por los sindicatos tradicionales, que consideran que no atienden de manera debida este problema.
Por ello, los afectados reclaman "la conversión en fija de su relación laboral, como la única sanción posible al abuso de temporalidad que sufren por parte de la Administración". Además, piden "la exclusión de las plazas ocupadas por estos empleados públicos de todas las ofertas públicas de empleo en curso o en proceso de convocarse" para "evitar la duplicidad de plazas y/o nombramientos", ante las "miles de demandas presentadas" y la posibilidad de "un posible fallo favorable a nuestras reclamaciones".
