Con nueve acusados en el banquillo, dos fiscales, dos letrados de la acusación, siete abogados defensores, algunos acompañados por sus pasantes, la sala destinada a los juicios de jurado de la Audiencia Provincial pudo sacar adelante entre los meses de septiembre y noviembre del recién finalizado 2020 el proceso por los presuntos amaños del Plan General de Alicante. Ayer con ocho acusados en el banquillo, dos fiscales, otros dos letrados de la acusación y nueve defensas no pudo arrancar en la Audiencia el juicio por la trama de las basuras de Calp, otra pieza del Plan General.
A pesar de que ambos macroprocesos se celebraban en la misma sala y de que ayer había menos personas que en cualquiera de las sesiones del PGOU, los abogados de los procesados denunciaron que no se cumplían los requisitos sanitarios ante la situación de la pandemia y que estaban hacinados en el estrado, compartiendo micrófono y sin espacio para poder consultar su documentación. Ante este planteamiento, el tribunal optó por aplazar el arranque del juicio hasta el 16 de febrero, fecha en la que estaba prevista que comenzara la declaración de los acusados. En estas semanas se tratará de dar respuestas a las peticiones de las defensas. Los letrados reiteraron que la situación actual de la pandemia no es la que había cuando se celebró el otro juicio.
En el banquillo se sentaban el empresario Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel; el exalcalde de Calp, Javier Morató; el exedil y diputado provincial Juan Roselló, su mujer Amparo Femenia y su cuñado Francisco Artacho; el también exconcejal Fernando Penella; y el técnico responsable de la concesión Juan Cervantes. Se les acusa de haber urdido un sistema para facturar de más al Ayuntamiento de Calp entre 1999 y 2012 por las basuras que entraban en el vertedero de la localidad. Se estima que el perjuicio a las arcas municipales fue de 4,2 millones de euros.
La sesión de ayer estaba destinada a que los letrados plantearan las cuestiones previas. Es el momento en el que en el resto de las causas de Brugal se ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se apoyó la investigación y, sobre el guión, esto es lo que ayer tocaba.
Un problema informático retrasó el inicio de la sesión, motivo por el que se organizó la primera bronca de la mañana. Mientras se ultimaban los preparativos, los abogados tenían que esperar en el pasillo y los acusados, sentados en las escaleras pero guardando las distancias de seguridad. «Son unas condiciones indignas contra los derechos fundamentales y la salud de las personas», aseguró el abogado de Morató, Enrique Botella. Ante esta situación, los letrados, acompañados por algunos de los procesados, anunciaban que se salían a esperar a la calle para evitar los espacios cerrados. Solo dos de los acusados optaron por seguir esperando en las escaleras.
«Condiciones indignas»
Una vez en la sala, Botella pidió formalmente la suspensión de la vista porque no se cumplían las garantías sanitarias. «No son condiciones dignas para los letrados y son un atentado al derecho de defensa. Desde aquí ni puedo ver al tribunal porque me tapa una columna y no tengo espacio ni para poner mis papeles», aseguró. Unas aseveraciones que respaldaron el resto de letrados, que aseguraron que ni siquiera se cumplían los dos metros de separación entre ellos. Botella recordó que ayer mismo se endurecieron las restricciones, con el cierre total de la hostelería y los contagios desbordados, «y yo tengo que estar en una sala con treinta personas que no conozco».
El letrado Celestino Manero, que representa a una de las mercantiles de Fenoll (Sirem SL) aseguró que había tenido que dejar el ordenador en el suelo; mientras que la defensa de Juan Cervantes, José María Valles, incrementó la presión mientras el tribunal intentaba buscar una solución. «Ya llevamos más de diez minutos aquí y no me quiero contagiar», aseveró indignado.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones se adhirieron a la petición de suspensión para mejorar las condiciones del estrado de la defensa. No se sumaron a las denuncias de falta de garantías sanitarias por el aforo. «Se están cumpliendo los aforos que marca la Ley», dijo el fiscal Felipe Briones.
El tribunal pensará en una solución para que las defensas tengan más espacio. La Audiencia barajó para otros macroprocesos usar el salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno, pero se ha denunciado en otras macrocausas que carece de ventilación. La ponente de esta causa es la magistrada María Cristina Costa, que formó parre del tribunal del PGOU. Completan la sala para este juicio, los magistrados Francisco Javier Guirau y José Luis de la Fuente.
