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Una máquina de blanquear

La Fiscalía pide penas que suman más de 1.000 años de cárcel y multas de hasta 3.000 millones para 44 acusados de pertenecer a la mayor red de «lavado» de dinero en la venta de calzado chino

Algunos de los coches de lujo intervenidos, frente a la Comisaría de Alicante el día de la operación. | DELGADO

La investigación a la mayor red de blanqueo de dinero por la venta de calzado asiático en la provincia de Alicante ha entrado en su recta final nueve años después de que un juzgado de Alicante ordenara los registros de las mercantiles sospechosas. La Fiscalía ha presentado un extenso escrito de acusación en el que desgrana las operaciones contables de un complejo entramado societario, con empresas sin actividad alguna cuyo objetivo era tratar de evitar que Hacienda rastreara sus ganancias. En breve, presentará su escrito la Abogacía del Estado.

La actividad del grupo se desarrolló entre los años 2009 y 2012, un periodo en el que se pudieron desviar hacia China cerca de 100 millones de euros. La Fiscalía ha pedido llevar al banquillo a 44 acusados de este entramado, de nacionalidad española y china, para quienes pide penas que suman hasta 1.000 años de prisión y multas que superarían los 3.000 millones, ante la cantidad de delitos que acumulan: hasta 18 fraudes fiscales; falsedad documental y blanqueo de capitales. Son 29 ciudadanos españoles y otros 15 de origen chino. Además hay otros seis acusados de origen extranjero, en su mayoría chinos, que de momento están excluidos de la acusación porque no han podido ser localizados para ser interrogados.

Hasta cincuenta empresas han sido investigadas en esta causa, aunque de ellas un total de 36 eran mercantiles fantasma, sin actividad y sin trabajadores, cuyo verdadero propósito era ocultar los beneficios de las sociedades que sí eran reales, en su mayoría afincadas en el polígono de Carrús de Elche. Estas mercantiles solían manejar facturas falsificadas para presentarlas en Aduanas y eludir el pago de los aranceles correspondientes.

El objetivo de este entramado era que empresarios chinos pudieran defraudar la Hacienda Pública con la entrada de mercancía en el territorio nacional, evitar el control del dinero obtenido por sus ventas y enviarlo a su país mediante transferencias bancarias. Los implicados españoles cobraban una comisión a los comerciantes asiáticos por poner a su disposición el entramado de blanqueo y por las transferencias al extranjero, según relata el escrito de acusación. Era una maquinaria para el desvío de fondos en la que cada uno de los integrantes tenía asignada una función determinada. Entre los años 2009 y 2011 fue el momento en que mayor actividad tuvieron. El análisis de la documentación reveló que, a partir de 2012 hubo menos movimiento, debido a que los comerciantes chinos empezaron a moverse con otras organizaciones. De esta manera, en 2009 el IVA reclamado asciende a 2,2 millones; en 2010, 8,2; otros 12,8 millones en 2011; y 4,4 millones en 2012. En el caso de las empresas pantalla, algunas de éstas presentaron facturas falsas para deducirse el IVA por ventas ficticias, motivo por el que la Fiscalía reclama 933.216 euros por los impuestos de 2010; así como 216.410 por 2011.

Billetes en una caja de zapatos

Fue un atraco en plena calle el que puso a la Policía sobre la pista de este entramado, el 12 de septiembre de 2012. Dos de los implicados se dirigían a una sucursal bancaria de Alicante, en la calle Médico Vicente Reyes, cuando fueron abordados por un encapuchado que les golpeó con la culata de una pistola para apoderarse de 350.000 euros en metálico que llevaban escondidos en una caja de zapatos. Una operación bancaria muy sospechosa y que encendió todas las alarmas de la Policía, dada la relación de algunos de los implicados con otras tramas de blanqueo. El dinero tenía como destino China a través de transferencias bancarias. Éste fue el hilo del que tiró la Policía para identificar el entramado.

El principal encausado es Alejandro R. N. a quien el fiscal atribuye el papel de ser el hombre que controlaba todo y planificaba todos los movimientos desde la mercantil Nepalia. Para él se piden penas que suman casi 100 años de cárcel y multas 288 millones. Las escuchas a su teléfono y a los de otros implicados desvelaron que algunos de sus asociados pretendían secuestrarle. La Policía les detuvo en el momento en que iban a raptar al empresario. Este secuestro frustrado se enjuició en una pieza aparte y acabó con la absolución de todos los acusados porque se anularon las escuchas. 

La Audiencia de Alicante tiene pendiente de celebrar otro juicio por una trama de blanqueo por hechos similares a éstos y con algunos implicados en común a esta otra causa y que probablemente se señale a partir de febrero de 2022. 

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