Las asociaciones de familiares y usuarios de residencias de mayores han exigido a la administración que ponga fin a las limitaciones de visitas, un problema que se está sucediendo en todas las comunidades autónomas y que consideran «incongruente» cuando los usuarios están vacunados desde hace semanas o meses pero no existe libertad y sí restricciones «salvajes, inhumanas e ilegales», explican. Tanto AFADOMUSVI, la asociación con sede en Alcoi y Cocentaina, como ADBAR, en Elche, han suscrito el comunicado de la plataforma estatal que agrupa a 16 colectivos para que se pongan fin a estas medidas, dispares según la comunidad de que se trate, y se inste a la Fiscalía «a investigar si existen posibles vulneraciones de derechos fundamentales por estas restricciones».
«Muchas familias usan la expresión ‘encarcelados’ para referirse a la suspensión de libertades que soportan»
Las familias recuerdan que el estado de alarma ya se superó y todos los usuarios están inmunizados, pero se mantienen restricciones. «Estamos muy alejados del régimen de visita de antes de la pandemia. Necesitamos recuperar la normalidad en los centros asistenciales una vez cubiertas varias etapas de adaptación a una situación epidemiológica benigna», insisten. La plataforma asegura que muchas familias utilizan la expresión «encarcelados» para referirse a la situación «alarmante de suspensión de las libertades que soportan los residentes».
Instrucciones
Las asociaciones recuerdan que, pese a que la vacunación se realizó entre enero y febrero, en una inmensa mayoría «los protocolos e instrucciones reguladores de las visitas no han cambiado significativamente, favoreciendo la apertura definitiva de las residencias». En marzo y en abril, la Generalitat flexibilizó las medidas y eliminó, por ejemplo, el límite de familiares para las visitas, lo que no es en estos momentos ya suficiente para los usuarios porque las propias residencias siguen poniendo trabas a las visitas. Políticas Inclusivas asegura que su objetivo es conseguir que, cuanto antes, las visitas «se parezcan lo más posible a la situación que había antes de la pandemia», aunque se siguen teniendo en cuenta los niveles de alerta epidemiológicos, que en la Comunidad Valenciana son desde hace muchas semanas los más bajos del país.
¿Falta de personal o de cuidados?
Los afectados creen que las empresas se blindan para evitar que entren a ver las instalaciones
El problema, consideran desde la plataforma, se debe a que las empresas que gestionan la mayoría de las residencias, ponen «múltiples impedimentos a los encuentros de familiares y usuarios, con la inacción de las administraciones, convirtiendo las residencias en búnkeres de imposible acceso, con la única pretensión de ocultar las pésimas condiciones de vida de los residentes, resultados de los incumplimientos y reducción de costes para obtener el máximo beneficio», acusaciones que desde la patronal de residencias niegan de forma taxativa.
«Vamos a instar a la Fiscalía a que se investigue si hay vulneraciones de derechos fundamentales»
Los familiares de usuarios, dicen, ejercían un papel de «vigilantes que se ha maniatado con el régimen de visita establecido y las medidas de seguridad imperantes que, prácticamente, prohíben el acceso de las familias al interior de los edificios, zonas comunes y habitaciones incluidas, vitales para conocer de primera mano la calidad del servicio que están recibiendo las personas mayores». Añaden que, además, tampoco pueden constatar si el número de trabajadores se corresponde a lo estipulado.
El colectivo pone ejemplos de cómo cada residencia está ofreciendo unas normas dispares de visitas y ven cómo, pese a la mejora de la situación epidemiológica, estas no cambian y van pasando las semanas. «Algunas residencias sólo permiten que un determinado número personas salgan al mismo día, una vez por semana, y durante unas horas, lo cual restringe el régimen y la posibilidad de que recuperemos el tiempo perdido durante la pandemia».
