«Toda mi vida he pagado religiosamente mi hipoteca, nunca pensé que esto me iba a pasar a mí». Este es el testimonio de N.T., una madre soltera de dos niños pequeños que verá cómo el próximo mes de agosto tendrá que decir adiós a la que ha sido su casa desde hace cinco años por impago de un año en el alquiler cuando se quedó sin empleo el año pasado. Esta situación la comparten centenares de personas en la provincia, a quienes la crisis económica ha reventado los cimientos de su hogar y quienes no han recibido respuesta alguna desde servicios sociales y la administración local.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de mayo la ampliación durante tres meses más, hasta el 9 de agosto, de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública. Asimismo, también se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa, y se ha extendido la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
Sin embargo, el tiempo pasa y centenares de familias ven el desahucio a la vuelta de la esquina y las soluciones de la administración local son inexistentes. Así, N.T., madre soltera de dos niños pequeños cuenta que lleva sin poder pagar el alquiler un año y recientemente recibió un aviso de que con la finalización de la prórroga moratoria llegaría su desahucio. «¿Dónde voy a ir con dos niños pequeños y una ayuda social que solo me cubre el poder comer?», cuenta con resignación la afectada. Y es que todo le llegó de golpe; dos embarazos, un despido y vivir en una ciudad donde no tiene a su familia. «Es horrible el sentir que no eres nadie para los servicios sociales», expresa la madre.
«El panorama que nos espera cuando finalicen las prórrogas es devastador ya que no se han llevado a cabo políticas sólidas que garanticen una vivienda pública», señala Susana García, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alicante.
La representante de la plataforma cuenta que diariamente la PAH recibe alrededor de diez llamadas alertando de la imposibilidad de hacer frente al alquiler o hipoteca. Así, recurren a la plataforma porque, en su mayoría, han agotado todas las vías posibles para pedir auxilios en la Conselleria de la Vivienda y en el Patronato de la Vivienda. «La respuesta de la administración municipal es que no hay viviendas sociales», afirma Susana García.
Alquiler social
Asimismo, la representante hace hincapié en cómo es posible que se destinen partidas presupuestarias para alquileres sociales y viviendas públicas que luego son devueltas cuando la provincial tiene una lista de espera para acceder a viviendas sociales imposible. «Que se devuelvan partidas presupuestarias que son tan necesarias es un claro ejemplo de la poca voluntad política que hay en Alicante para apoyar y rescatar a los más vulnerables», afirma.
Así, J.D de 58 años ecuatoriano con nacionalidad española, relata su agonía cuando un día tuvo que aportar su vivienda como dación en pago ante la imposibilidad de poder hacer frente a su hipoteca. Tras seis años de alquiler y su correspondiente pago religiosamente, ahora el banco quiere expulsarlo de su hogar sin ninguna otra justificación que querer vender la vivienda. Con una nómina de 600 euros, una mujer enferma y 58 años, el afectado cuenta que «es difícil rehacer tu vida a esta edad y desde servicios sociales no ven vulnerabilidad en mi caso y no puedo optar a ninguna ayuda para acceder a un alquiler social».
Estos testimonios representan a centenares de familias que ven cómo la administración les da la espalda y su decisión reside en comer o pagar el alquiler.
