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Cuarta vía

¿Se imaginan prohibir el uso de las playas alicantinas a manchegos y madrileños?

El Gobierno se refugia en la coartada del cambio climático para dejar el Tajo-Segura casi a cero con la solución más costosa y menos ecológica posible al quintuplicar el precio de una energía que ni siquiera tenemos en España

La playa de San Juan en una imagen de este verano ALEX DOMÍNGUEZ

Se imaginan que Ximo Puig o Carlos Mazón plantearan que manchegos o madrileños dejaran de venir a nuestras playas porque, sencillamente, no caben debido a que el cambio climático ha acelerado el carácter regresivo de los arenales y ya solo hay sitio para la sombrilla de los alicantinos? Sí, les caería la del pulpo y con razón. Seguro que lo más bonito que nos dirían por ahí es que somos soberbios, insolidarios, prepotentes e, incluso, unos indocumentados porque lo del aumento del nivel del mar, en este caso el Mediterráneo, no está tan claro. Pues algo parecido es lo que nos está pasando en los últimos meses, bueno, mejor dicho, desde hace ya unos años, con el agua que utilizamos en nuestro día a día en una provincia que ve amenazado su futuro social y económico por un Ministerio, el de Transición Ecológica, empeñado en reducir el trasvase de agua del Tajo a la mínima expresión. Todo ello haciendo muy poco honor a su nombre al escoger la solución menos ecológica del planeta, la desalación del agua del mar como casi única fuente de suministro. ¿Y por qué no es ecológica? Pues porque para desalar el agua del mar (voy a tratar de no abrumarles con cifras que para muchos son complicadas incluso de imaginar) se necesita quintuplicar el consumo eléctrico. Es decir, el uso de una energía eléctrica que ni la provincia ni España tienen, por mucho que la vicepresidenta, Teresa Ribera intente vendernos que la solución está en la fotovoltaica, es decir, que el sol que permite las cosechas, también nos facilite producir agua desalada. Ojalá fuera así, pero no estamos preparados.

Mover un metro cúbico de agua del Tajo desde los embalses de Entrepeñas y Buendía hasta la cuenca del Segura nos cuesta un kilowatio por hora. Con la solución propuesta por el Ministerio, la cifra se elevará hasta los 5 kw/h: los cuatro kw/h que cuesta producir mil litros de agua desalada en la planta de Torrevieja, más otro kw/h, pásmense, que se necesitará para elevarla 200 metros hasta la presa de Ojós (Murcia) donde enganchará con los canales de distribución del trasvase. Resumiendo. Agua mucho más cara y obtenida haciendo uso de muchos más recursos. Y esto lo proyecta el Ministerio más ecológico del planeta apoyado por un Consell que hasta ahora se ha quedado en aquello de que el «trasvase es irrenunciable» pero sin especificar qué se trasvasará por dicho acueducto. Si agua del Tajo o agua desalada a precio de Moët Chandon.

Nadie niega que el agua del Tajo, como la del Segura o la del Júcar, se haya reducido desde finales de los 70 pero los propios informes en los que se apoya Ribera para calcular la pluviometría tampoco dibujan un escenario tan apocalíptico. Es más, ¿por qué no se analiza otra realidad que nadie ha tocado? Desde hace unos años los propios Montes Universales, en la cabecera del río, han ganado en vegetación por la desaparición de la ganadería tradicional y los usos el suelo y esta vegetación necesita más agua. Es decir que, quizá, además de la reducción de las lluvias, sea el aumento de las necesidades de la flora que los circunda lo que castiga los embalses donde se almacena el agua del trasvase. En la cabecera. Pero no, lo que interesa ahora es centrarse en la coartada del cambio climático, que claro que existe, y a cuya tesis se ha aferrado en las últimas semanas el propio presidente Ximo Puig, en esa cruzada por demostrar lealtad a Pedro Sánchez. Por mucho que a Puig y a la consellera Mireia Mollà -más activa, al menos, que para eso es de Elche- se les llene ahora la boca anunciando una catarata de alegaciones contra el aumento de los caudales ecológicos del río, la batalla que están perdiendo es la política, partida que se juega en el tablero del Congreso y del partido, y ahí el Consell demuestra, siempre, que pinta poco. Y, por si fuera poco, un sector del propio Consell nos toma por tontos a los alicantinos y nos tilda de talibanes del agua mientras quieren hacer creer todo lo contrario. Incluso tratan de convencer nos de que nos han regalado cuatro años de trasvase hasta que en 2026 se consume el drama. Sí, en València, a doscientos kilómetros del sur de ese sur de provincia que es tan valenciano como Vinaroz y donde el agua del Tajo es clave para mantener la economía de miles de familias. Seguimos sin pintar nada, ni en el agua, ni en nada y, si no, echen un vistazo al Corredor Mediterráneo.

Desgraciadamente, el problema con el Tajo no es de ahora. El Gobierno ha reducido desde 2016 a cerca de la mitad el envío de agua del río a la provincia al pasar de los casi 40 hm3 mensuales que hubieran correspondido con las antiguas normas de explotación, en vigor hasta octubre de 2016, a los apenas 20 hm3 de media que llegan todos los meses sea cual sea la situación de la alerta, tras la elevación de la reserva hasta los 400 hm3 en 2013, y eso no lo hizo Sánchez.

Alguna cifra aclaratoria sí es importante. Es cierto que la cabecera del Tajo soporta el 85% de la demanda de agua y tan sólo tiene el 45% de los recursos. Un río que, sin embargo, tiene recursos. Tiene una cabecera pluviométrica en los macizos de Guadarrama y, sobre todo, de Gredos donde las lluvias se sitúan entre 2.000 y 2.500 l/m2 al año. ¿Tan difícil sería captar agua de ese punto para enviar, por ejemplo, a Madrid y no seguir triplicando la que se envía a Portugal?

Alicante se juega más de mil millones de euros al año en la producción hortofrutícola que depende del trasvase. A esto se unen los 6.000 millones del turismo residencial, la industria y, sencillamente, la vida en una zona con una población que se acerca a los tres millones de habitantes. ¿Qué haremos con ellos a partir de 2026? ¿Que emigren a Toledo? Hasta los más acérrimos defensores de las tesis del cambio climático aseguran que el futuro no puede contemplarse sin el trasvase. Pues bien. Digan lo que nos digan en Madrid, Toledo o València, los movimientos no son para ganar tiempo, son para acabar con la transferencia. Franco nos humilló por ser de los últimos bastiones republicanos y camino de cien años después de acabar la Guerra Civil, el Gobierno de la Memoria Histórica nos pasa la factura del agua. Lorenzo Pardo debe estar alucinado. Las nutrias del Tajo se salvan depurando mejor, pero en Madrid. En Alicante y Murcia aprendimos la lección desde que los musulmanes nos enseñaron a aprovechar al máximo ese recurso que es oro.

Postdata: lo cierto es que el PSOE tampoco nos ha engañado. Sigue la senda que marcó Cristina Narbona. Pero, ¿saben lo que hizo el Gobierno de Aznar cuando accedió al mando en Madrid? Pedir un crédito de 500 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones para acabar las desaladoras del Plan Agua. El gran negocio del siglo XXI. Hoy, no obstante, la pelota está en el área de la política y muy cerca de la portería de Ximo Puig, y también de un PP en el que en el tema hídrico algunos suelen desbarrar cada que vez que abren la boca, como les pasó al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al edil Peral, esta semana. Por salvar a su compañera Ayuso calificaron, al menos Peral, de «fake» que Madrid tenga asignada una reserva de 60 hm3 del trasvase para garantizarse su futuro, tal como figura negro sobre blanco en el plan del Tajo. Deben haber olvidado, además, que el primer «tajo» al trasvase lo dio, precisamente, el PP, cuando en 2013 elevó la línea roja a partir de la cual no hay agua de 240 hm3 a 400 hm3.

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