El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que modifica las reglas del trasvase Tajo-Segura, que establece nuevos umbrales para transferir agua de la cuenca cedente (Tajo) a la cuenca receptora (Segura) para "evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero" en las cuencas receptoras de modo que en situación de normalidad hídrica, conocida como nivel 2, el máximo mensual a trasvasar se reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua. La decisión se atiene al dictamen científico-técnico del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y cuenta con el aval de la Comisión Central de Explotación de Trasvase Tajo Seguro y del Consejo Nacional del Agua, pero desoye todos los informes presentados por los regantes e instituciones académicas de la provincia de Alicante.
Además, el Consejo ha modificado las tarifas que renuevan cada dos años para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura, en cumplimiento de la Ley de aguas de 1980.
Una vez que el Real Decreto entre en vigor, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno afirma que el acuerdo permitirá una gestión "más ordenada y estable" del sistema del acueducto, con ventajas tanto para las cuencas cedentes como las receptoras. El Ejecutivo señala que los nuevos umbrales para la cesión de caudales atienden a un principio fundamental de equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias del trasvase.
Así, argumenta que trata de minimizar el riesgo de que el trasvase entre en situación de excepcionalidad hídrica y, en consecuencia, tenga que interrumpirse el aporte de caudales aguas abajo, como ha sucedido con frecuencia en los últimos años a medida que se agravan los efectos del cambio climático sobre el régimen de lluvias en España.
Las aportaciones medias del trasvase han ido cayendo de manera sostenida desde la década de los 80 y en los últimos años la cabecera del Tajo se ha encontrado casi la mitad del tiempo en situación hidrológica excepcional, lo que hace imposible realizar los envíos de agua. En 2017 el trasvase no pudo efectuarse durante once meses por falta de caudal suficiente. Precisamente, el Gobierno afirma que el espíritu de la norma aboga por una explotación regular y estable de esta infraestructura.
La cantidad mensual de hm3 trasvasables se establecerá en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el segura y 50 hm3 para el Guadiana).
Los cuatro niveles se modifican y quedan de la siguiente manera: Se autorizará un trasvase mensual de hasta 60 hectómetros cúbicos en situación de nivel 1, es decir, cuando las existencias sean iguales o mayores que 1.300 hm3 o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hm3.
En nivel 2, cuando hasta ahora se autorizaban hasta 38 hectómetros cúbicos, se pasa a permitir un trasvase máximo de 27 hectómetros cúbicos mensuales cuando las existencias conjuntas sean inferiores a los 1.300 hm3 (sin llegar a los volúmenes del nivel 3) y las aportaciones de los doce meses previos no lleguen a los 1.400 hm3.
El Real Decreto indica que si el agua almacenada en ambos embalses de cabecera está en la horquilla de 586 y 688 hectómetros cúbicos de agua embalsada --según los meses-- se considerará nivel 3, una "situación hidrológica excepcional" en la que el órgano rector podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada una transferencia máxima de 20 hectómetros cúbicos mensuales. Por último, igual que antes de la aprobación de este nuevo Real Decreto, cuando la cantidad de agua embalsada sea inferior a 400 hectómetros cúbicos no se cederá cantidad de agua alguna, al ser considerado este volumen nivel 4.
Por tanto, la principal modificación de la regla se da en el nivel 2, que hasta ahora fijaba 38 hectómetros cúbicos de agua al mes desde la cabecera del Tajo cuando se dieran las condiciones establecidas y ahora ese desembalse será de 27 hectómetros cúbicos, lo que dará, según prevé el Gobierno "mayor estabilidad al sistema y beneficiará a todas las cuencas".
En concreto, subraya que la cuenca el beneficio para la cuenca cedente es para los embalses de Entrepeñas y Buendía, que dispondrán durante más tiempo de mayor volumen de agua almacenada, y las receptoras porque al racionar el agua que reciben mensualmente podrán mantener el flujo constante durante más tiempo sin interrupciones.
Así, señala que recibirán menos agua al mes pero un mayor número de meses y de manera automática, siempre que se den las condiciones reguladas en el trasvase, lo que permitirá una mejor planificación para los usos de riego y otros.
El Real Decreto incluye también las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo Segura para "recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación, así como la recuperación de las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Estado".
El cálculo se ha realizado de acuerdo con el procedimiento normalizado y reglado, y deben liquidarse anualmente a los usuarios del trasvase. Las hasta ahora vigentes fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el 9 de junio de 2017 y entraron en vigor el 17 de junio de ese mismo año.
El cuadro de tarifas varía para cada grupo de usuarios del trasvase y tiene carácter bienal y entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Para fijarlas se ha trabajado con todos los colectivos implicados, representados en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo- Segura, donde han tenido la oportunidad de analizar y hacer observaciones que han sido incorporadas al texto definitivo y aprobado este martes.
CUATRO NIVELES
Según el Real Decreto, la cantidad mensual de hm3 trasvasables se establecerá en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el segura y 50 hm3 para el Guadiana) y de acuerdo con cuatro niveles que quedan establecidos en los siguientes parámetros:
· Nivel 1: cuando las existencias sean iguales o mayores que 1.300 hm3 o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 60 hm3, hasta el máximo anual.
· Nivel 2: cuando las existencias conjuntas sean inferiores a los 1.300 hm3 (sin llegar a los volúmenes del nivel 3) y las aportaciones de los doce meses previos no lleguen a los 1.400 hm3. En ese caso, la Comisión Central de Explotación del ATS autorizará un desembalse mensual de 27 hm3.
· Nivel 3: si el agua almacenada en ambos embalses de cabecera no supera a comienzos de cada mes los valores y , considerado de ‘situación hidrológica excepcional’, el órgano rector podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada una transferencia de hasta 20 hm3/mes.
· Nivel 4: cuando la cantidad de agua embalsada sea inferior a 400 hm3, en cuyo caso no habrá cesión alguna.
La principal modificación de la regla afecta al nivel 2, que hasta ahora fijaba en 38 hm3/mes el posible aporte de agua desde la cabecera del Tajo cuando se dieran las condiciones establecidas. A partir de ahora, el desembalse será de 27 hm3/m, lo que conllevará una mayor estabilidad al sistema y beneficios para todas las cuencas afectadas. La cedente, porque los embalses de Entrepeñas y Buendía dispondrán durante más tiempo de mayor volumen de agua almacenada, y las receptoras porque al racionar el agua que reciben mensualmente podrán mantener el flujo constante durante más tiempo sin interrupciones. O lo que es lo mismo, recibirán menos agua al mes, pero un mayor número de meses que en la actualidad, de manera automática y siempre que se den las condiciones reguladas en el trasvase, lo que permitirá una mejor planificación para los usos de riego y otros, según el Ministerio.
No es la primera vez que cambian las reglas del ATS desde que fueron aprobadas las primeras, en 1997. En 2014, el entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente modificó todos los parámetros de la regla original, excepto el volumen de trasvase mensual en nivel 2, que se mantuvo en 38 hm3 a pesar del criterio en contra de los técnicos, partidarios de limitarlo a 30 hm3. El acuerdo aprobado ahora busca adaptar una infraestructura crítica para el abastecimiento de tres millones de personas en Castilla-La Mancha, Murcia y Albacete a la realidad ineludible del cambio climático, de la alteración de los patrones de lluvias y, en suma, de una menor disponibilidad de agua. Para contrarrestar este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en el diseño de alternativas, duplicando la capacidad de generar agua desalada para usos agrícolas, la interconexión del sistema de desaladoras en una red conjunta de todo el Levante con mayor capacidad operativa, y un plan de apoyo a las energías renovables para rebajar el precio del agua desalada.
La Unió exige firmeza al Consell
La Unió de Llauradors ha pedido firmeza en la defensa al Consell. “Se trata de una auténtica persecución por parte del Gobierno hacia las demandas hídricas de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante y una desaparición paso a paso del trasvase de agua del Tajo al Segura”, señala José Jesús Sanmartín, responsable del agua de LA UNIÓ de Llauradors en Alicante. Por ello Sanmartín pide tanto a “el presidente de la Generalitat, Ximo Puig como a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que se planten de verdad ante Madrid, que dejen de hablar de trasvase irrenunciable y que actúen hasta las máximas consecuencias para defender un agua que, además de un derecho, es una necesidad”.
LA UNIÓ denuncia la politización, de nuevo, de los asuntos del agua que no benefician en absoluto a los agricultores y la necesidad de reclamar agua suficiente y de calidad para la Comunitat Valenciana pues nuestra contribución al conjunto de España es netamente superior a lo que recibimos en agua. “Por ejemplo, la provincia de Alicante aporta una parte sustancial de las mejores hortalizas, verduras, frutas, entre otros productos, que consume toda España y el resto de Europa; por ello el agua debe ser tratada y gestionada como lo que es, un bien público y no susceptible de mercadeos políticos”, indica LA UNIÓ.
El Gobierno, con la aprobación del Consejo de Ministros, sigue dando pasos en contra de la Comunitat Valenciana y de sus regantes. Hoy ha reducido los umbrales de transferencia de agua del Tajo al Segura y otro día llegará la subida de los caudales ecológicos, el otro día se descubre que el convenio del Embalse de Alarcón desaparece del Plan Hidrológico del Júcar. “Cuál será la próxima afrenta que consienta el presidente Sánchez a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia los intereses hídricos de nuestra tierra”, se pregunta LA UNIÓ.
"Tampoco el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, contribuye a pacificar los intereses del agua y posibilitar la unión de todos los interesados. Este miércoles ha convocado una rueda de prensa en Alicante para informar de las acciones inmediatas que emprenderá la institución provincial en la que contará con una organización agraria, pero deja fuera a LA UNIÓ a pesar de participar también en la Comisión del Agua de la Diputación", señala La Unió.
La organización considera que en un asunto de tanta importancia -pues está en juego el futuro de 30.000 familias que de una manera u otra viven del agua del trasvase para regar sus campos en las comarcas de Alicante- se debería tener en cuenta el criterio de todas las partes implicadas, tanto instituciones como usuarios, y habría que llegar a un solución de consenso y de equilibrio entre la garantía para el mantenimiento del nivel de los embalses de cabecera del Tajo como de los intereses de los regantes de la cuenca del Segura.
Todos estos cambios gubernamentales en relación con el agua crean una incertidumbre muy grande entre los productores, “porque no sabemos al final lo que plantar, no animan para nada a la gente joven que se quiere incorporar al sector y ponen en muy serio peligro buena parte de la huerta que suministra a Europa; por lo que el Gobierno se pone de lado de las importaciones de productos de otros países en lugar de por las de proximidad”, indica José Jesús Sanmartín.
