El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado formalmente a la Audiencia Provincial su intención de no presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia del caso PGOU, donde el tribunal descartó amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad.
Tras la notificación de la sentencia el pasado julio, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró que el Consistorio, que ejercía la acusación particular en la causa, no recurriría ante el Supremo, aunque posteriormente el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos dejó esta decisión en manos de los servicios jurídicos municipales.
En un escrito presentado en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, el abogado José María López Coig notifica al tribunal la intención de no presentar recurso ante el Tribunal Supremo en nombre de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento y le comunica asimismo su cese como letrado, por lo que a partir de ahora serán los abogados del servicio jurídico del Consistorio los que asuman la representación durante el resto de tramitación de la causa.
Alperi sí acude al Alto Tribunal
Hasta el momento, el abogado defensor del exalcalde Luis Díaz Alperi, Vicente Grima, es el único que ha notificado a la Audiencia que recurrirá ante el Supremo su condena a una multa de 6.000 euros por cohecho al aceptar un viaje a Creta en jet privado. El letrado anunció el recurso por infracción de preceptos constitucionales.
También se prevé que lo haga la Fiscalía y se desconoce si lo hará Esquerra Unida, que ejerce la acción popular. La petición de ampliación del plazo por parte del Ministerio Público y la presentación de recursos que están pendientes de ser resueltos por la Audiencia de Alicante está alargando el proceso para anunciar la casación ante el Alto Tribunal.
La Fiscalía, además de pedir una ampliación del plazo para interponer el recurso, presentó ante la Sección Tercera de la Audiencia un escrito reclamando una nueva redacción de la sentencia porque asegura que el tribunal no recogía en el fallo un pronunciamiento sobre presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU que fueron objeto de acusación por parte de Anticorrupción.
Omisiones en la sentencia
Los fiscales advierten en su escrito al tribunal de que el fallo no hace alusión alguna a la conformidad firmada con las acusaciones por Enrique Ortiz en la que se declaraba culpable de los delitos y de la que luego se retractó en el inicio del juicio. Asimismo, el Ministerio Público se refiere en su petición a una decena de presuntas irregularidades que fueron objeto de acusación y el tribunal no se pronuncia.
Entre estas omisiones figuran los intercambios de documentación entre los acusados durante la redacción del Plan General y el informe de Bankia en el que se habla del presunto beneficio de Enrique Ortiz solo con la aprobación inicial del PGOU.
Este escrito de los fiscales anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero pasó a manos de la Sala para que se pronunciase, pero antes de que lo hiciese, el abogado de la acción popular, José Luis Romero, y el de la exalcaldesa Sonia Castedo, Ignacio Gally, presentaron un recurso de reposición al estimar que primero debían haber dado traslado a las partes de esta petición de Anticorrupción.
El abogado defensor del empresario Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, también reclamó al tribunal que aclare si existe un error material en el artículo del Código Penal por el que se condenó por cohecho al constructor alicantino así como la devolución de los 1.390.000 euros que consignó para hacer frente a una posible responsabilidad civil que el tribunal no ha estimado.
Una vez se ha reiniciado la actividad judicial en la Audiencia, en las próximas semanas se resolverán todas estas peticiones y se conocerá el plazo para presentar los recursos ante el Supremo.
Ortiz, pendientede la devolución de casi 1,4 millones
El constructor Enrique Ortiz está pendiente de que la Sección Tercera de la Audiencia se pronuncie sobre el escrito presentado por su abogado, Francisco Ruiz Marco, para que se proceda a la devolución de los 1.390.000 euros que consignó en concepto de responsabilidad civil en caso de condena. Ortiz solo fue condenado a una multa de 18.000 euros por cohecho pero fue absuelto de los amaños del PGOU y por ello reclama su dinero. El tribunal debe decidir si devuelve ya la fianza o espera a que sea firme la sentencia.
