«Si ya es difícil caminar sola dos kilómetros por este camino, imagínate con la silla adaptada de Elya». Pilar Castaño ha iniciado la recogida de firmas en change.org para que su hija de 14 años, y una discapacidad del 77%, por una enfermedad rara que le impide dar más de 80 pasos y le mantiene con una edad cerebral de dos años, pueda empezar de una vez este curso en el Centro de Educación Especial «Infanta Elena».
«Están robándole a mi hija el derecho a la educación», lamenta. El curso pasado y desde hace varios años el autobús escolar recogía a Elya a la puerta de su casa, pero, tal y como admiten desde la gerencia de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante, APCA, el aumento de alumnos tras lo peor de la pandemia les ha obligado a reestructurar las rutas. «Y no podemos hacer más, no hay ganas de hacer daño, lo hacemos lo mejor que podemos», destaca la gerente, Elisa Torres, a preguntas de este diario.
La solución que ofrecen para Elya pasa por trasladarse por su cuenta hasta el colegio l’Horta de San Vicente, que es donde tiene la parada del autobús en el que la asociación traslada al alumnado. «El esfuerzo que hacemos es enorme por cubrir todas las rutas y cuando empezó a venir al centro, hace años, era la que tenía asignada y la madre le llevaba hasta allí con su coche», explica la gerente.
Pilar Castaño recuerda por su parte que ella sale a trabajar temprano, que era el padre de Elya quien la llevaba a la parada, pero que, tras diagnosticarle la enfermedad degenerativa «cuerpos de Lewis», se encuentra ahora en casa con «dos personas con discapacidad. Gracias a la parada que le pusieron en casa mi hija ha podido seguir sus clases los últimos años», advierte.
Dolida y preocupada por su hija «que está nerviosa, alejada de sus amigos y de los profesionales que le ayudan a superar las barreras que supone su discapacidad», la madre denuncia que a dos días de empezar el curso, «me comunicaron por WhatsApp que la parada está a dos kilómetros y en un trayecto infame que carece de iluminación, entre coches y camiones, sin aceras ni carril para peatones en ninguno de los dos sentidos, con el riego de atropello que supone». Además implica 45 minutos de ida y otros tantos de vuelta. «Parece mentira que una vez más seamos las familias de niños con discapacidad las que tengamos que movilizarnos por los derechos de nuestros hijos», relata con un nudo en la garganta.
Desde la Conselleria de Educación que subvenciona el transporte de los 32 alumnos del Infanta Elena con 92.117,38 euros, cerca de 2.900 por cada uno de ellos para todo el curso, explican que es la titularidad privada del centro concertado quien contrata el servicio de autobús, y que en este caso es APCA quien diseña las rutas y establece las paradas. «Aunque lo subvencionemos, nuestra capacidad de control está limitada por ley», abundan.
Desde APCA afirman su «voluntad» por solucionar la situación, pero advierten de que no admitirán «imposiciones».
