La implantación de «Alicante Central», la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital alicantina que se espera que arranque en 2023, obligará a instalar aún más cámaras de control en las calles de la ciudad. Así se asegura en un proyecto que se ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para recibir hasta un máximo de 27,5 millones de euros, de los 37 millones en los que se han presupuesto las catorce iniciativas que conformarán la Zona de Bajas Emisiones de Alicante.
El objetivo final -según el documento enviado a Madrid- es que en el año 2024 se ponga en marcha el control de accesos en el anillo exterior, limitado por la avenida Gran Vía y la fachada marítima, donde se concentran más de la mitad de los desplazamientos de la ciudad. Para la puesta en marcha del anillo exterior se cuenta -prosigue el informe- con un sistema de comunicaciones y cámaras en toda la superficie interior, pertenecientes al proyecto ‘Alicante se mueve’. Estas 156 cámaras de color blanco, que se instalaron durante este año en los semáforos, se «complementarán con las que sean necesarias en los principales accesos del anillo exterior».
La iniciativa impulsada por el ejecutivo municipal de Barcala se configurará a partir de dos anillos de restricciones al tráfico. El interior, que será el primero en ponerse en marcha, estará ligado al centro urbano y de servicios, incluyendo el Centro Tradicional y afectando a unas 56 hectáreas, mientras que el segundo, el exterior, se desarrollará por la Gran Vía, la arteria principal de distribución de tráfico de la ciudad, y todo el frente litoral, ocupando una superficie de unas 750 hectáreas. Tanto en el primer anillo como en el segundo, la limitación se realizará de «manera progresiva», estableciéndose un «calendario de restricciones vinculado a elementos contaminantes».
El bipartito de PP y Ciudadanos trabaja en que al anillo interior de «Alicante Central» sólo puedan entrar, además de los residentes en los barrios céntricos, los camiones de reparto y los usuarios de los aparcamientos públicos, los vehículos con etiqueta ECO y Cero (eléctricos e híbridos). Por su parte, las exigencias para acceder al anillo más periférico serán menores, con la previsión de que afecte a los vehículos sin etiqueta, es decir, a los modelos de gasolina anteriores al año 2000 y a los diesel previos a 2006.
Paneles con datos
Por otro lado, el proyecto remitido al ministerio también incluye la colocación de paneles para que los ciudadanos conozcan de primera mano la situación medioambiental de la ciudad, respecto a la contaminación atmosférica. Así, para comprobar la eficacia de las medidas propuestas en la Zona de Bajas Emisiones, Alicante prevé extender su red de puntos de monitorización medioambiental, tanto de ruido como de emisiones de partículas y compuestos de nitrógeno. La instrumentación se espera que sea mixta, incrementando los puntos de control en el interior y en el exterior del anillo exterior, el de la Gran Vía, para corroborar la eficacia de las medidas implantadas. Esa información se volcará en el sistema de seguimiento del Ayuntamiento y podrá conectarse con otras iniciativas, como los paneles de información que se instalarán en lugares estratégicos de las entradas a los accesos a la Zona de Bajas Emisiones.
Todo el proyecto, por otro lado, está en parte condicionado a la consecución de la subvención del ministerio. Sin embargo, esa ayuda, a su vez, también supone una presión añadida por los plazos exigidos. Entre los criterios establecidos como de obligado cumplimiento para optar a la subvención se incluye que no existan «riesgos significativos» que hagan que «al menos el 60% del coste subvencionable del proyecto pueda estar adjudicado antes del 1 de diciembre de 2022» y que el proyecto «pueda terminar después del 31 de diciembre de 2024», aunque, por otro lado, se valorarán «positivamente» las propuestas que finalicen antes de que termine 2023.
Reducción de unas 260.000 toneladas de CO2 cada año
La puesta en marcha de «Alicante Central», la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital alicantina proyectada por el bipartito para 2023, prevé reducir en unas 260.000 las toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales emitidas a la atmósfera, según el informe remitido al ministerio. La medida que más colaborará a la lucha contra el cambio climático será la implantación del anillo exterior en la Gran Vía, que prevé recortar las emisiones en 143.000 toneladas al año. En segundo lugar figura la limitación del tráfico en el Paseo de los Mártires, con 24.000 toneladas.
