La Diputación de Alicante presentará alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Tajo (PHT) porque, a juicio del presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, si se aprueba tal como está redactado supondrá «una notable reducción del agua a trasvasar al río Segura», lo que repercutirá «gravemente en la agricultura y la economía de la provincia», además de «afectar negativamente al entorno natural de la Vega Baja».
La presentación de las alegaciones al Plan del Tajo y a los borradores de los planes de las cuencas del Júcar y del Segura se dio a conocer ayer en la Comisión Provincial de Agua.
Mazón alertó de las «dramáticas consecuencias» que tendrá la aprobación del borrador del PHT y aludió a «los continuos recortes al trasvase de agua al Segura decretados por el Gobierno de Pedro Sánchez». A su juicio, «el plan del Tajo es un nuevo ataque a la provincia, un nuevo cuchillazo al trasvase de la ministra socialista Teresa Ribera». En este sentido, hizo referencia al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Gobierno que modifica las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. «Los planes hidrológicos del gobierno de España para el Tajo, para el Júcar y para el Segura, especialmente los del Tajo y el Júcar, son muy dañinos para la provincia de Alicante», destacó Mazón, para añadir que «invalidan prácticamente el trasvase y son un atentado muy duro para nuestra provincia en materia hídrica cuando más lo necesitamos».
«Hoy hemos alegado desde la Diputación desde la Mesa del Agua donde estamos todos: todos los partidos políticos, todos los regantes, donde están todos los agricultores, todos y de una vez. Es muy importante reflejar esta unidad porque seguimos trabajando, seguimos alegando en todas las vías, no solamente en la reivindicación sino también en los planes, en las alegaciones, en los recursos. En una de sus alegaciones al Plan del Tajo, la institución provincial señala que el aumento de los caudales ambientales previsto en el borrador no está justificado porque en la actualidad los caudales circulantes en la cabecera del río no suponen una causa de deterioro.
Las alegaciones presentadas por la Diputación al borrador del Plan del Tajo han sido trabajadas conjuntamente con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que en un reciente informe alerta sobre las negativas consecuencias para la provincia del aumento de caudales a su paso por Aranjuez. Este incremento supondría, según este documento técnico, un descenso de más del 20% en los trasvases desde la cabecera del Tajo al Segura, que pasarían de 340 a 271 hm3 anuales de media. El informe concluye que el descenso en el trasvase de agua para consumo urbano sería del 18%, mientras que para el regadío alcanzaría el 21%.
La Diputación también ha dado a conocer las alegaciones que presentará ante las confederaciones a los borradores de los planes de las cuencas del Júcar y el Segura. En sus alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), la institución provincial señala que el documento no plantea ninguna solución al problema del precio del agua, sino que lo agrava, eliminando el compromiso de no repercutir los costes de amortización de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó a los usuarios. Además, tampoco aborda las cuestiones más complejas que se refieren a la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Vinalopó. En relación a las alegaciones al Plan Hidrológico del Segura (PHS), la Diputación pide que sean recogidas las observaciones realizadas por la institución provincial a los planes del Tajo y el Júcar.
Benidorm pide a la CHJ la construcción de una desaladora
El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y el Ayuntamiento de Benidorm se han unido para pedir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que incluya en su Plan Hidrológico para 2022-2027 la construcción de una planta desaladora en Benidorm. Así se recoge en el documento de alegaciones que han presentado el Ayuntamiento y el Consorcio al proyecto de la CHJ. En la alegación se apunta que esta planta tendría una capacidad de producción de unos 3 hectómetros cúbicos al año.
Este documento, firmado por el alcalde Toni Pérez, incide en que «esta infraestructura está prevista en la normativa urbanística del municipio» y añade que «actualmente existe una estación de bombeo de agua marina y unas conducciones de impulsión y vertido al mar completamente legalizadas, a falta de su conexión con la planta desaladora».
