Ripoll sobre el plan Zonal: «Nadie me pidió ningún favor para cometer una ilegalidad»

El expolítico del PP habló solo a preguntas de su defensa, el abogado Bernardo de Rosal, quien acaba de presentar un recurso de súplica contra la decisión del tribunal de inadmitir por extemporánea la recusación de dos de los tres miembros de la sala que había planteado en los primeros días de este año. Lo hizo argumentando que están contaminados por haber intervenido en el proceso allá por 2016. Un recurso que probablemente corra la misma suerte que el primero pero que, en cualquier caso, no paraliza el desarrolló de una vista que se reanudó este martes tras la fase de cuestiones previas con las declaraciones de los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Gregory, además de la de Ripoll. 

Ángel Fenoll y su hijo se han acogido a su derecho a no hacerlo tras, al igual que sus anteriores compañeros de banquillo, declararse inocentes.  

Para la sesión de este miércoles queda por escuchar a los siete acusados restantes para los que la Fiscalía Anticorrupción pide penas que van de los tres a los 17 años de prisión por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. La acusación pública sostiene que Ripoll se prevalió de su cargo para beneficiar a Ortiz y Fenoll en la instalación de la planta de basuras en contra del interés general y a cambio de prebendas que irían desde el ofrecimiento de dos pisos hasta dinero en metálico y viajes. 

Siguiendo al dictado los folios que tenía delante, hasta el punto de que provocó una queja del fiscal anticorrupción Pablo Romero, Ripoll aseveró que nadie le pidió ningún favor para cometer una ilegalidad, que no le ofrecieron contraprestación, dádiva o regalo alguno en relación a la instalación de esta planta de residuos en un lugar determinado y que su función era la de buscar consensos «porque mi posibilidad de influencia era de un 15%, el porcentaje que tenía la Diputación en el consorcio de residuos de la Vega Baja donde los 27 municipios a los que afecta detentaban el 60% y la Generalitat, el 25% restante», precisó.  

Tras descender hasta el detalle más mínimo en una explicación sobre la composición y el funcionamiento del consorcio, que hizo que el presidente de la sala le tuviera que indicar que no era necesaria tanta precisión, el expresidente provincial del PP insistió en que todas las decisiones obedecieron a razones técnicas y que, salvo la última, todas se aprobaron por unanimidad.

Ortiz responde a todos 

Mucho más relajado que en otras comparecencias ante un tribunal, y ya lleva unas cuantas, declaró el empresario Enrique Ortiz, el único de los cinco acusados de la sesión de este martes que respondió a todas las partes. Y sin sacarse del bolsillo los apuntes que llevaba preparados.

En una testifical que a ratos se asemejaba a un diálogo entre él y el fiscal Pablo Romero que a un interrogatorio al uso, el promotor también negó cualquier ilegalidad en un negocio, el de la instalación del macrovertedero, que le había sido adjudicado en diciembre de 2008 pero cuya ubicación definitiva lo complicó hasta el punto de que aún hoy no existe.

En su relato ante la sala, el empresario sacó pecho cuando contó que la oferta presentada por la Ute que tenía con Cespa para este proyecto era la mejor, pero fue menos creíble cuando explicó por qué intentó hacerse con terrenos en Torremendo, donde Fenoll poseía una finca, cuando otra opción, la de Albatera, había sido la más valorada.

El fiscal sostiene que Ripoll presionó para que Ortiz le comprara a Fenoll una finca (que el empresario, afín al PP, había adquirido por unos 600.000 euros pero por la que llegó a pedir hasta 10 millones) para compensarle por haberse quedado fuera del negocio de la gestión de las basuras en la zona. 

A la pregunta concreta y directa del fiscal, Ortiz aseguró que nunca le obligaron a comprarle nada a Fenoll y que se lo planteó cuando se negaron a venderle unos terrenos anexos conocidos como finca Lo Cartagena para la instalación de la planta. «Yo no pacté nada con nadie», aseveró.

Sobre las supuestas prebendas a Ripoll, en concreto la de una invitación a su yate con motivo de la Feria de Abril , Ortiz explicó que  él iba todos los años y que ese invitó «al presidente de la Diputación y a su esposa y a otras 60 persona más. Allí coincidimos en la caseta de un empresario de Alicante donde estaba medio Alicante. No pretendía un acercamiento a Ripoll para que la ubicación de la planta se modificara», respondió al fiscal.

También salieron a colación los días que el matrimonio Ripoll pasó en el barco de Ortiz, aunque en esa ocasión en Palma de Mallorca. «Mi mujer es amiga de la mujer de Gregory y me dijo que les invitáramos sin saber que ellos se encontraban en Ibiza con los Ripoll. Vinieron y estuvieron unos días. Fue un plan espontáneo». «¿Pagaron algo», preguntó el acusador público. «No pagaron nada porque venían a mi casa», dijo. Y cuando el también expresidente del Puerto de Alicante disfrutó de la lancha del empresario explicó que él se la dejó a Gregory, «como hacía muchas veces», que sabía que iba a ir Ripoll, pero que no buscaba nada con ello.  

Tampoco dio importancia Ortiz a las ocasiones en que los investigadores detectaron que el promotor compartió mesa y mantel con el entonces presidente de la Diputación en un restaurante de la ciudad. «Yo comía todos los días allí porque estaba cerca de mi oficina. Y con Ripoll lo hacía por mi condición de agente público y como adjudicatario que era», especificó. 

 Dirigido por su defensa, Ortiz incidió en su relación con la Diputación a través de la Fundación del Hércules y de las obras que hacía para el organismo provincial, aseguró a que a Ripoll nunca le había pedido nada «salvo que nos pagara los trabajos que hacíamos», y aseveró que nunca instó a Gregory a que presionara a Ripoll para que le favoreciera en el plan Zonal.

Gregory respondió solo a su abogado que Fenoll era uno de sus mejores clientes, que Ortiz y él son amigos desde pequeños, que les suministraba a ambos camiones de su empresa, Autisa,y que su relación con la Diputación también vino a través de la Fundación Hércules.  

Polémica por la lectura de las declaraciones de quienes se acogen a su derecho a no hacerlo 

La decisión del empresario de Orihuela Ángel Fenoll de acogerse a su derecho a no testificar (al que después siguió su hijo) provocó una tormenta en la sala al plantear el fiscal Pablo Romero que, en su lugar, se diera lectura a en ese momento de la vista a las declaraciones que se prestaron durante la instrucción del caso Brugal, de donde emana la pieza del plan Zonal. 

  La propuesta recibió en cascada el rechazo de todas las defensas, para quienes lo que pretendía el fiscal era inadmisible y conculcaba los derechos de los acusados. 

Tras tomarse unos minutos para deliberar, el tribunal accedió al planteamiento del acusador, aunque solo en parte. Los testimonios podrán ser leídos en la sala pero en el momento de la documental, cuando prácticamente ya se ha practicado todo la prueba, y no todos sino solo los que se prestaron en esta causa a raíz de desgajarse de la principal.