Las entidades sociales de la ciudad de Alicante no se explican que el gobierno municipal, en manos de PP y Ciudadanos, no haya aceptado ni una sola de las alegaciones que presentaron a la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. Entre las entidades se encuentran Cáritas Diocesana, Médicos del Mundo y la Plataforma Feminista, además de sindicatos y formaciones políticas. Según el informe técnico de la Concejalía de Seguridad, sólo se incluirán las propuestas realizadas por Cs, uno de los dos socios de gobierno, que abren la puerta a la intervención social y reducir las multas a las prostitutas.
Desde Cáritas califican de «oportunidad perdida» la negativa del ejecutivo encabezado por Barcala para «establecer un diálogo con la ciudad de Alicante», en alusión a la redacción de la controvertida ordenanza que cuenta con el rechazo de los tres grupos de la izquierda y el respaldo, confirmado, de Vox. «Nuestras alegaciones estaban bien fundamentadas. El diálogo no se construye de un día para otro, pero siempre da resultado. El Ayuntamiento de Alicante pierde una oportunidad al no hablar con las entidades. Ese diálogo entre todas las partes tiene que llegar; y cuanto antes, mejor. Lo demás será tiempo perdido», señala el secretario general de Cáritas en Alicante, Javier Ruvira, quien defiende que el ejecutivo local debe ser «consciente de que nunca seremos una mejor ciudad por las infraestructuras, sino por tener encaje para todos». Ruvira, por otro lado, lamenta que los acuerdos para la reconstrucción, a los que se llegó por consenso tras la irrupción de la pandemia, se queden en nada con el impulso de proyectos como la ordenanza de la mendicidad: «Es evidente que en Alicante falta un impulso decidido en lo social. No sabemos en qué quedaron los acuerdos de reconstrucción. No vemos ningún cambio».
También ponen la vista en esos acuerdos que se firmaron en el verano de 2020 desde UGT, uno de los sindicatos que presentaron alegaciones a la ordenanza. «Nos llamaron tras el estallido de la pandemia, nos sentamos, se crearon comisiones y nada se sabe de todo eso. Al revés, en lugar de poner a las personas en primera persona, hacen lo contrario. Nunca pudimos esperar una ordenanza así después de los acuerdos de reconstrucción», apunta la secretaria general de UGT en l’Alacantí-Les Marines, Yaissel Sánchez, quien admite que las entidades sociales de Alicante están «indignadas con la actitud de un gobierno municipal que no se entera de la realidad» de lo que sucede en la calle. «Queremos una convivencia cívica, pero no con una norma punitiva, sino con una norma social. No han tenido la valentía para sentarse a hablar con las entidades sociales para defender su propuesta», según afirma.
Desde la Plataforma Feminista de Alicante admiten que «era de esperar» que el bipartito de PP y Cs arrincone propuestas del tercer sector, pero no todas. «Rechazar todas las alegaciones de las entidades sociales demuestra que es una ordenanza ideológica, no social», agrega Yolanda Díaz, quien avanza que las asociaciones seguirán «haciendo ruido» porque «no se puede penalizar a las mujeres que ya son víctimas de la prostitución, que ya son vulnerables, y encima ahora se las va a multar».
Entre las alegaciones de Ciudadanos que sí modificarán el texto aprobado inicialmente por el Pleno municipal figura una propuesta sobre el aspecto económico, ya que las sanciones a las mujeres prostituidas pasarán de ser consideradas leves (de 100 a 750 euros), mientras que seguirán como graves la petición de los servicios (de 750,01 a 1.500 euros). Las mayores multas de la ordenanza se mantendrán, sin embargo, en los 3.000 euros, relativas a la mendicidad.
Más enmiendas
El documento pasará este miércoles por la Comisión de Presidencia, previa a un pleno todavía sin fecha de celebración. Hasta este martes, los grupos municipales tienen de plazo para presentar enmiendas a las alegaciones aceptadas en el informe técnico, es decir, únicamente a las propuestas de Ciudadanos. Se prevé que tanto Unidas Podemos como Compromís registren nuevas propuestas, que ya han descartado hacer el PSOE y Vox. Esas enmiendas se votarán en al comisión, al igual que el proyecto completo ya con los cambios incluidos desde Cs. Los socialistas, por su parte confirman su «no» a la ordenanza del bipartito después de que los técnicos de la Concejalía de Seguridad, en manos del PP, rechazaran todas sus iniciativas de cambio.