La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, puso este miércoles fecha y presupuesto al proyecto de la Ciudad de la Justicia de Alicante: 85,5 millones de euros en unas obras que empezarán a finales de septiembre. El anuncio se hizo durante una reunión con jueces y operadores jurídicos celebrada en el Palacio de Justicia de Pardo Gimeno de Alicante. Tras más de dos décadas de retrasos, colocación de primeras piedras que luego quedaron en nada y retirada de proyectos, parece que esta vez no hay marcha atrás.
Bravo expuso este miércoles la hoja de ruta del proyecto. El viernes se aprobará la consignación presupuestaria por el Consell para financiar la obra. En una semana quedarían aprobadas las bases para sacarlas a licitación, con un plazo de un mes para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. La previsión es adjudicar los trabajos para finales de julio y que las obras puedan comenzar en septiembre. El plazo para acabar el edificio es 33 meses, pero en el pliego de condiciones se prevé dar una puntuación mayor a aquellas empresas que se comprometan a acortar estos plazos.
Un nuevo edificio para el Barrio de la Justicia
Bravo aseguró que ésta «es una muy buena noticia para la ciudad de Alicante. Era una reivindicación histórica». Mientras atendía a los medios, la consellera recordó cómo este proyecto había ido quedando relegado en anteriores etapas. «Alicante se quedó atrás cuando en el pasado se puso en marcha por el PP el Plan de Infraestructuras Judiciales. Se construyeron palacios de Justicia en las otras capitales de provincia como València y Castellón, así como en otras ciudades de menor importancia que Alicante y quedó absolutamente discriminada», explicó. En este sentido, recordó que el proyecto «es un compromiso no solo de la Conselleria sino del president Ximo Puig y de todo el Consell con la ciudad de Alicante y la ciudadanía», dijo. En mayo, Justicia tiene previsto un acto en el que presentará oficialmente una recreación virtual del futuro edificio.
Cambio del proyecto
La tramitación de la versión del proyecto del actual Consell sufrió un leve retraso debido a que fue necesaria una modificación del Plan General de Alicante para dotar al edificio de dos alturas más de las cinco inicialmente previstas y que tenga capacidad para asumir la creación de nuevos órganos judiciales. Estos cambios han obligado a modificar el proyecto, que han encarecido su presupuesto en cerca de 20 millones. El año pasado, antes de la revisión, el coste previsto era de 67,4 millones.
El futuro complejo se levantará frente a los actuales juzgados de Benalúa de Alicante, al otro lado de la avenida de Aguilera, en terrenos donde se levantaba el antiguo acuartelamiento militar de San Fernando y que hasta ahora había venido siendo usado como aparcamiento. En la actualidad, el Palacio de Justicia no solo se ha quedado obsoleto y está muy deteriorado, sino que se ha quedado pequeño para acoger nuevos juzgados a pesar de que su creación es necesaria por el aumento de los litigios. La falta de capacidad del edificio para albergar nuevos juzgados está obligando a alquilar locales en zonas próximas al Palacio de Justicia, que se encuentran diseminados en hasta siete locales diferentes. ste nuevo edificio se construirá sobre una parcela de 5.542 metros cuadrados, que contará con 48.000 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en planta baja, semisótano, dos sótanos y siete plantas más ático con una instalación fotovoltaica que permitirá que buena parte de la energía que consuma sea de origen solar.