Ni siquiera el confinamiento ha podido impedir que la explotación sexual aumente en diversos puntos de la provincia de Alicante. La atención a mujeres prostituidas crece en 2022 y ya supera ampliamente los niveles de 2019.

A pesar del aumento producido en los últimos meses, los peores datos en cuanto a ayuda prestada a mujeres prostituidas son los del año 2020, en pleno confinamiento, cuando lejos de reducirse, la prostitución se "escondió" en las viviendas.

El proyecto "Intervención integral con personas en entorno de prostitución", del programa de mujer de Cruz Roja, atiende a mujeres víctimas de explotación sexual en diversos puntos de Alicante y Elche. Un servicio que, en el primer trimestre de 2019, prestó ayuda en un total de 186 intervenciones.

Unos datos similares a los del 2021, cuando se participó en 191 actuaciones. Sin embargo, en los mismos meses del presente año, Cruz Roja ya ha registrado 264 de estas intervenciones, un 38% más que el año pasado y un 41% por encima de las cifras del 2019.

Una situación especialmente preocupante en la provincia de Alicante, ya que es la que concentra la mayor cantidad de prostíbulos de la Comunidad Valenciana, según los últimos datos proporcionados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. En 2021 fueron 74 los establecimientos identificados como lugares de prostitución, frente a los 73 de la provincia de Valencia y los 17 de Castellón.

Un "negocio" que ha crecido después de la pandemia, ya que, aunque fue en 2015 cuando los clubes de alterne alcanzaron su cota máxima, con 91, la cifra ha aumentado respecto a 2020.

Esta situación de explotación se sustenta en la alta demanda de sexo pagado, dado que solo en la Comunidad Valenciana el número de varones que ha pagado por sexo en el último año se estima en alrededor de 115.000.

El confinamiento "escondió" la prostitución

Al margen del creciente aumento de atenciones que se está produciendo este año, el peor período de la serie histórica 2019-2022 fue, curiosamente, el del confinamiento. Una etapa en la que la prostitución, lejos de ver reducida su demanda, fue empujada hacia las viviendas privadas y pisos de citas.

En todo el año 2020, el programa de intervención de la organización registró cerca de 4.000 actuaciones con mujeres en situación de explotación sexual. Del total, casi la mitad se concentró entre los meses de marzo y junio, cuando más severas fueron las restricciones.

Durante el Estado de Alarma los datos de las intervenciones llevadas a cabo por Cruz Roja se dispararon: los meses de marzo, abril, mayo y junio registraron 431, 560, 540 y 646 servicios a víctimas de explotación, más que el total de intervenciones del resto de años.

La Generalitat anima a multar

Un aumento constante, el de la demanda de prostitución, que ha llevado a la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, a animar a los municipios de la Comunidad Valenciana a adoptar el modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución.

Según destacó la consellera en el mes de marzo, se trata de un texto que protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 euros a quienes demanden sexo pagado, así como a los intermediadores y los locales donde se ejerza esta "forma de violencia de género". La consellera presentó este jueves el modelo de ordenanza que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos, pues son, precisamente, los gobiernos municipales, los que considera que pueden avanzar en esa senda.