El Partido Popular de Santa Pola anunció ayer su intención de pedir la ejecución provisional de la sentencia que insta al Ayuntamiento a retirar las competencias a los concejales tránsfugas, Ignacio Soler y Francisco Soler, si el Ayuntamiento recurriese al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tal y como anunció en su día.

Así lo expresó el letrado Juan Luis Díaz, quien elaboró el recurso que presentó el PP santapolero exigiendo la nulidad del acuerdo de la Alcaldía que daba competencias de los ediles tránsfugas y que ahora ha estimado el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en primera instancia.

Díaz afirmó que, en este momento, el proceso está aún pendiente de recurso por parte del Ayuntamiento y tendrán que esperar hasta finales de mes para saber si el Ejecutivo apelará o no. En el caso de que así sea, y es lo más probable, según dejaron constar los ediles afectados, el PP pedirá al magistrado que aplique la sentencia de manera provisional.

Asimismo, en el caso menos probable de que el recurso no se lleve a cabo, los populares solicitarán igualmente esta ejecución de la sentencia, aunque, esta vez, de forma definitiva.

El abogado que representa al Partido Popular en esta causa aseguró que espera que el juez, de cualquier modo, admita esta ejecución de la resolución para dejar sin competencias a Ignacio Soler y Francisco Soler, porque «este caso es bastante escandaloso y es un poco de vodevil», sentenció.

Si los concejales llegan a perder las competencias, la presidenta del PP santapolero, Encarnación Mendiola, dijo que el PP seguirá trabajando desde la oposición como hasta ahora, fiscalizando la labor del Gobierno hasta el final del mandato. También respondió que, si los ediles Francisco Soler e Ignacio Soler deciden mantener el acta sin delegaciones, «podrán ir a los plenos y no sé si apoyarán o no al equipo Gobierno, pero ellos con su voto pueden hacer lo que quieran», añadió.

Mendiola, a su vez, quiso declarar que «no podemos consentir que el pueblo de Santa Pola, que votó a unas personas bajo unas determinadas siglas, tengan delegaciones en el Gobierno de una manera tan sucia», y consideró que «usaron el apoyo de sus votantes para su enriquecimiento personal y de forma fraudulenta».

La representante del PP local espera que el juez tenga en cuenta su intención de que se ejecute la sentencia, aunque sea de manera provisional, para evitar daños administrativos al Ayuntamiento a la larga. Por su parte, el edil popular, Luis Jorge Cáceres, manifestó que Ciudadanos debería haber actuado en este caso judicialmente. «Nosotros tomamos partido para buscar la verdad, pero la formación naranja ahí se quedó parada», aseveró. Además, señaló que a quien realmente engañaron los ediles fue a los 1.600 votantes que les respaldaron y al partido que representaban. Cáceres se reafirmó en que desde el PP están muy contentos con la sentencia «y que cada cual lleve su vela», concluyó.

El Ayuntamiento tiene un plazo de quince días para recurrir a la sentencia desde su notificación, sin contar los días festivos, por lo que se calcula que la fecha prevista para presentar esa apelación que llegue al TSJ es el 25 de abril.

Los ediles afectados ya anunciaron que ese recurso se está tramitando y que no tienen la intención de entregar sus actas de concejales porque es propia de ellos.