El defensor del pueblo valenciano ha tomado la determinación de destacar en su próximo informe anual la falta de transparencia en el Ayuntamiento de Santa Pola, motivado por el silencio administrativo del Consistorio hasta en tres ocasiones, después de que les haya instado a tomar en cuenta sus recomendaciones para facilitar unos expedientes que pide el PP desde septiembre de 2017, a los que hasta la fecha siguen sin tener acceso desde este grupo de la oposición.
El Síndic, José Cholbi, también anuncia que se evaluará la posibilidad de emitir un informe especial a las Cortes Valencianas, según se expone en la queja, ya remitida al Ayuntamiento y que ha pasado por junta de gobierno local estos días. Según los populares, han pedido en cinco ocasiones a la alcaldesa, Yolanda Seva, tener acceso a los expedientes que se encuentren tanto en sede judicial o policial, que hayan sido iniciados por denuncia ante la Fiscalía desde el propio Ayuntamiento o un cargo público en su representación.
Desde el PP sospechan, además, que pudiera haber alguna denuncia iniciada en 2017 que afectase a los ediles de su grupo interpuesta por ciertos concejales del gobierno local, ya que sostienen que en varios plenos han habido cruces de acusaciones y se han sentido amenazados porque desde el pentapartito, en aquel entonces, afirmaban que existía un expediente contra ellos que podría derivarse de causas que hay abiertas como la de los uniformes, por lo que esta es una de las motivaciones que tienen para acudir al síndic. Aún y así explican que este caso «es la punta del iceberg» porque denuncian que llevan meses esperando algunos otros expedientes administrativos solicitados y no se los han hecho llegar, por lo que desde el PP consideran que se están vulnerando sus derechos de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno al no dejarles acceder a cierta documentación.
Explicaciones
En todo caso, desde el equipo de gobierno achacan la falta de tiempo de los técnicos la pasividad para responder a las peticiones del síndic, que no ha tenido respuesta a ninguna de las tres recomendaciones que ha hecho progresivamente desde agosto de 2018 hasta la fecha.
Desde el cuatripartito descartan falta de transparencia y como también que estén cometiendo alguna irregularidad porque insisten en que no se está negando al ciudadano el acceso a cierta información a su alcance, ya que lo que demanda el PP no es un expediente administrativo si no judicial en todo caso, y de no estar completo o en exposición «es materia reservada solo para el instructor del expediente», según apuntan fuentes municipales, que tampoco han dado más pistas sobre qué se aborda en el citado expediente en caso de haberlo. Lo que está claro es que el defensor del pueblo ha vuelto a instar en los últimos días al Consistorio a que se remita en un plazo de un mes una contestación, bien aceptando las recomendaciones o justificando por qué no las aceptan. Este órgano autonómico califica la actitud de la administración local de «entorpecedora», y achaca que «la falta de colaboración denota una absoluta falta de respeto a los valores y a las instituciones democráticas».
