El pasado 15 de mayo se presentó una propuesta del interventor municipal sobre la presunta lesividad de interés público de una resolución de Alcaldía, aprobada posteriormente en pleno, que acordaba el pago de 644.224 euros por la revisión de precios del contrato de obra de construcción del nuevo Ayuntamiento. Fuentes del departamento de Hacienda confirmaron ayer que al detectar un error en dicha contabilidad se ha puesto en marcha el proceso para subsanarlo y reintegrar esa cantidad a las arcas municipales, mediante la reclamación a la UTE. El pleno aprobó el 25 de enero de 2007 pagar los 644.224 euros derivados de la revisión de precios, aunque casi todos los informes técnicos incorporaban alguna objeción salvo el del arquitecto municipal, que achacaba la demora en la tramitación a la Administración. El dictamen del técnico de contratación establecía que los costes de la revisión de precios en materiales que no figurasen en el proyecto deberían corresponderse "a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación" y "de acuerdo con los precios que rigen para el contrato primitivo", como coincidía también el interventor.
