El Ayuntamiento de Benidorm desveló ayer que la empresa Park Control, concesionaria del servicio de la zona azul y la grúa en la ciudad, está cobrando de forma irregular una tasa por retirada de vehículos que estaría prohibida expresamente por las ordenanzas municipales. Así lo anunció ayer el concejal de Seguridad y Movilidad, José Bañuls, durante el transcurso del pleno en el que se iba a aprobar una moción para iniciar un nuevo expediente de resolución del contrato con esta mercantil -tras el ya aprobado el pasado 31 de mayo, y que ahora está en suspensión cautelar dictada por un juzgado de Alicante-. La moción quedó finalmente encima de la mesa, hasta que los hechos, que según Bañuls podrían ser "constitutivos de delito", sean estudiados por los técnicos municipales y puedan ser añadidos al expediente o derivados a un juzgado "si fuera necesario".
Durante el pleno, el responsable de Movilidad explicó su departamento ha tenido conocimiento, a través de un informe emitido hace "apenas unos días" por el Jefe de la Policía Local, de que la empresa concesionaria de la grúa está cobrando una tasa a los vehículos retirados de la vía pública por motivos de seguridad, como podrían ser los que han sufrido un robo mientras estaban aparcados en la calle y que son retirados hasta localizar a su propietario o los que hubieran sido aparcados en la vía pública con las ventanillas bajadas, entre otros. Según Bañuls, el artículo 5.3 de la ordenanza municipal número 13 especifica que los vehículos retirados por este motivo están exentos de pagar la tasa por retirada y depósito en el recinto y cuya cuantía, según los datos aportados por el concejal, ascendería a 60 euros, más los días que el vehículo permaneciera en el recinto de la grúa.
El edil de Movilidad apuntó que los asesores jurídicos tendrán que analizar ahora "si el cobro de esta tasa de manera ilegal" puede ser constitutivo de delito y añadió que, en caso de serlo, el Consistorio los incluirá en el expediente de resolución y no descarta trasladarlos a la vía penal.
Al cobro de esta tasa se suma, según Bañuls, el hecho de que Park Control "está negociando" con otra empresa del ramo la transmisión del derecho concesional, a pesar de que la mercantil tiene embargado ese derecho concesional por la Agencia Tributaria, debido a una deuda de 1,14 millones de euros que mantiene con Hacienda. Por ello, el concejal dudó que Park Control pudiera negociar esa transmisión, que además se estaría llevando a cabo sin contar con el Ayuntamiento.
Un acuerdo de mayo y en suspenso
Esta deuda de la empresa con la Agencia Tributaria y otra de 115.000 euros con la Seguridad Social son los argumentos esgrimidos por la Concejalía de Movilidad para tramitar el nuevo expediente de resolución del contrato que ayer quedó sobre la mesa. El anterior expediente de resolución, aprobado por el gobierno local en pleno el pasado 31 de mayo, acusaba a la empresa de cometer 36 infracciones graves en la prestación del servicio. La oposición denunció que el acuerdo se había adoptado sin contar con los informes técnicos pertinentes, entre ellos los del secretario y el interventor municipal ni los de otros técnicos del Consistorio.
A las denuncias del PP tras su aprobación plenaria, la empresa movió ficha recurrió este acuerdo en los tribunales. Por ello, el Ayuntamiento hasta ahora no ha podido ejecutar la resolución del contrato, ya que un juez ha decretado la suspensión cautelar de la resolución hasta que la justicia se pronuncie sobre el caso.
Un paso para el parque de Foietes y apoyo al pueblo saharaui
El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad la propuesta de la Concejalía de Urbanismo de ratificar las actas de pago y ocupación de suelo para el futuro parque de Foietes, suscritas con todos los propietarios afectados por el expediente de expropiación forzosa para el proyecto de "Adecuación y Recuperación Medioambiental del Entorno del Barranco de Foietes". Este proyecto está destinado a la ejecución de un futuro parque en la zona, que fue incluido en el Plan Confianza de la Generalitat. Las actas de pago y ocupación constituyen el documento que habilita para el abono de la cantidad aprobada, y con ello, la autorización para posibilitar al Ayuntamiento a la ocupación y toma de posesión del terreno expropiado, a título de propietario, para destinarlo a dicho fin.
Por otro lado, el pleno también aprobó por unanimidad una moción de apoyo al pueblo saharaui presentada por el gobierno local, después de que éste desestimara otra moción similar de la oposición pero que iba más allá. Los populares exigían la condena expresa contra la actuación del ejército marroquí en El Aaiun y un pronunciamiento en este sentido del Gobierno central y de la UE, dos cuestiones que no figuraban en la moción votada por el ejecutivo local.
