Preocupación por la posible pérdida de la sede social y los centros corporativos del Sabadell en Alicante

Los sindicatos reclaman garantías para la plantilla, que en la provincia suma unos 2.000 trabajadores entre ambas entidades

El edificio que alberga la sede social del Sabadell en Alicante.

El edificio que alberga la sede social del Sabadell en Alicante. / EP

David Navarro

David Navarro

Alicante puede convertirse en una de las grandes damnificadas por la fusión entre Sabadell y BBVA. Al recorte general que puede producirse en la red en todo el país para evitar duplicidades, la provincia suma el impacto reputacional y económico que podría implicar la pérdida de la sede social del banco presidido por Josep Oliu -instalada en la capital de la Costa Blanca desde 2017- y también la de los centros corporativos que aún mantiene la entidad en la zona. Unos centros que tienen todas las de perder si se unifican los servicios centrales de los dos bancos.

Tras la absorción de la CAM, Alicante pasó a ser uno de los territorios con mayor presencia de la entidad presidida por Josep Oliu y, a pesar de que los sucesivos ajustes han mermado su número, todavía es una de las zonas donde mantiene un mayor volumen de plantilla. En concreto, hasta 1.456 de los 12.850 empleados del banco (una cifra que asciende a 19.213, si se cuentan las filiales y el negocio en el extranjero) trabajan en esta provincia. Y, de esa cifra, más de 500 lo hacen en los edificios corporativos que aún mantiene la entidad de origen catalán en la ciudad y que en su día albergaron los servicios centrales de la desaparecida caja de ahorros, según las cifras facilitadas por el sindicato La Federación SICAM APROBAS y CC OO.

Los dos principales son, por un lado, las instalaciones que el Sabadell heredó de la CAM en el polígono de Agua Amarga y que en su día albergaron los servicios informáticos de esta entidad, y, por otro, el edificio que en su día fue la sede central de la extinta caja y donde hoy el banco tiene su domicilio social, tras el traslado que se produjo en octubre de 2017, para huir de la inestabilidad provocada por el desafío independentista en Cataluña.

A día de hoy el primero de estos recintos sigue siendo la sede de uno de los Centros de Competencias Tecnológicas del banco, en el que desarrolla parte de sus programas de gestión, además de acoger a trabajadores de otras unidades del departamentos de riesgos, morosidad o contabilidad, entre otros, según apunta la responsable de sector Financiero de UGT en Alicante, Laura García.

El edificio corporativo del Sabadell en Agua Amarga, Alicante.

El edificio corporativo del Sabadell en Agua Amarga, Alicante. / Pilar Cortés

Por su parte, el edificio de la avenida de Óscar Esplá, además de la sede oficial y de la dirección de zona, también acoge a numerosos trabajadores de distintos departamentos de los servicios centrales, aunque buena parte del mismo está alquilado a empresas como NTT Data que, eso sí, también presta servicios para la entidad.

En este sentido, cabe destacar que la presencia del Sabadell en Alicante ha sido en este tiempo foco de atracción para que se instalen en la ciudad otras empresas, como la tecnológica DXC, que abrió un centro de desarrollo de software y modernización de aplicaciones, que también trabaja en buena medida para la entidad. Tanto es así, que el edificio que ocupa es el de la antigua tasadora de la CAM. 

Pérdida de peso

Precisamente, la pérdida de este efecto arrastre sería una de las principales consecuencias deel cambio del domicilio social del Sabadell, según recalca la catedrática de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, que no duda en calificar como una «muy mala noticia» esta posible marcha.  

Un lamento al que también se han unido las principales organizaciones empresariales sectoriales de la zona -desde la patronal del calzado, Avecal, hasta la de la obra pública, FOPA- que lamentan la pérdida de peso en el panorama económico que sufrirá la provincia al dejar de contar con una sede financiera de ámbito nacional.

Y es que, pese a las peticiones que ya se han producido en este sentido, pocos dudan de que la entidad resultante de la operación llevaría su sede al actual domicilio de BBVA en Bilbao -al fin y al cabo, es la parte de mayores dimensiones de la ecuación-, o a Madrid. Un trauma que Alicante viviría por segunda vez, después de que en 2011 ya perdiera la sede de la CAM, para recuperar la del Sabadell en 2017. 

Entonces, la enorme cuota de mercado que tiene la entidad en la zona -donde más del 40% de la población tiene cuenta en el Sabadell- fue el principal argumento para su designación como nueva sede, en medio de las turbulencias provocadas por el «procès». Una decisión que, hasta ahora, los responsables del banco habían defendido como inamovible, pese a la mejora del clima en Cataluña.

Sindicatos

Por su parte, BBVA mantiene en Alicante un red de alrededor de 80 oficinas y una plantilla de 516 trabajadores, según señalan fuentes de UGT, por lo que la entidad resultante rondará los 2.000 empleados en la zona. La noticia de la posible fusión ha cogido por sorpresa a los representantes de la plantilla, que no han dudado en mostrar su preocupación. Así, las secciones sindicales de CC OO en ambos bancos han emitido un comunicado exigiendo «garantías» para los trabajadores. Así, tras recordar que ambos bancos han presentado resultados históricos, han reclamado que cualquier salida que deba producirse será voluntaria y que se preserven y mejoren las condiciones salariales.

Por su parte, la secretaria de Organización de La Federación SICAM APROBAS, Mari Cruz García-Córcoles Carrascal, también ha valorado negativamente la probable pérdida de puestos de trabajo y ha reclamado, igualmente, que se realicen mediante medidas voluntarias, como las prejubilaciones, evitando situaciones "traumáticas". Además, lamenta la "pérdida de opciones en el segmento de la banca, que nos pueda llevar a situaciones de oligopolio o monopolio negativas para la sociedad".

Por último, la responsable de Sector Financiero de UGT en Alicante, Laura García, ha reconocido su "preocupación" por los efectos de la operación sobre la plantilla, en especial la que depende de los centros corporativos.