El nuevo plan de Armanello que ha presentado al Ayuntamiento de Benidorm el promotor Enrique Ortiz, adjudicatario del polémico y ambicioso programa urbanístico de Benidorm desde 2002, plantea dudas legales al secretario de la corporación. El funcionario sostiene que «los documentos son modificación de los presentados en su día» y aboga por «instruir el procedimiento reglamentario, mediante la solicitud de informes técnicos y jurídicos que se pronuncien sobre la conformidad de la documentación presentada a la normativa urbanística y a las demás normas aplicables, para la ejecución del PAI de Armanello».
El nuevo plan de Armanello es consecuencia del requerimiento del pleno del Ayuntamiento, en su sesión del pasado día 29 de julio, que otorgaba al promotor un plazo hasta al 15 de este mes para presentar un documento en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este tribunal anuló las cargas suprasectoriales (17,5 millones de euros) por repercutirlas a los dueños del suelo sin su permiso.
Las afirmaciones del secretario están recogidas en un informe firmado el pasado día 19, a raíz de la remisión seis días antes, por parte del promotor, del nuevo plan.
En su nueva propuesta, Ortiz elimina los 17,5 millones de mejora, según él en ejecución de las sentencias del TSJ, y mantiene que en la propuesta original se incorporaba esa partida «repercutible a los propietarios beneficiados del planeamiento».
El funcionario, no obstante, se reitera en su informe del pasado 29 de julio y en otro posterior, emitido el 22 de agosto. «En ambos se diferencia la ejecución de la sentencia y la ejecución del PAI. Ello sobre la consideración de diferente naturaleza de la ejecución de la sentencia que declara ilegal repercutir las cargas que excedan del 10% a los propietarios y la propia ejecución subsiguiente del contenido del PAI, sin dicha carga a los propietarios», argumenta.
A juicio del secretario, ante el nuevo documento de PAI que plantea Ortiz procede lo siguiente: «Elevar a la Sala de lo Contencioso -Administrativo sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en los procedimientos referidos, los documentos presentados única y exclusivamente respecto al cumplimiento de la no repercusión en los propietarios de la carga complementaria, que excede del diez por ciento de cesión obligatoria, por importe de 17.585.614,17 euros contenida en la proposición jurídico-económica integrante de su oferta aprobada por el pleno municipal del 16 de julio de 2001, con destino a ejecutar y reforzar infraestructuras y servicios que los servicios técnicos municipales de este Ayuntamiento dispongan».
En paralelo al nuevo plan para Armanello, Ortiz presentó un recurso de reposición contra el último pleno de la corporación, celebrado el pasado 26 de agosto, donde, por unanimidad de todos los grupos, se acordó reclamarle las obras de mejoras a riesgo de que, en caso contrario, el Ayuntamiento le retiraría la condición de agente urbanizador.
El promotor considera que ese acuerdo del pleno es nulo. El Gobierno local, según la propuesta que el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, llevará a la comisión informativa del próximo lunes ha acordado la «desestimación íntegra del recurso» de Ortiz.
