El saldo sigue sin ser positivo pero, al menos, se ha logrado frenar la hemorragia. El número de empresas de otras autonomías que decidieron trasladar su domicilio social a la Comunidad Valenciana durante el primer trimestre del año prácticamente igualó al de aquellas que optaron por marcharse de la región hacia otras zonas del país. Una situación que constrasta con lo ocurrido durante el año pasado, cuando el temor al cambio de gobierno en la Generalitat y la búsqueda de una fiscalidad más ventajosa fiscalidad ventajosa -sobre todo por parte de empresas familiares próximas al momento de su relevo generacional- provocaron que la autonomía perdiera hasta 60 compañías en beneficio de otras comunidades.
Así lo revela el último balance realizado por Axesor, la primera agencia de rating española, en base a la información comunicada por las propias empresas afectadas al Registro Mercantil, lo que significa que se trata de compañías de una cierta importancia y nivel de facturación.
De esta forma, si a lo largo de 2015 se marcharon 438 firmas frente a las 378 que llegaron de otras regiones, entre enero y marzo de este año la cifra ha estado mucho más equilibrada, con una diferencia de tan sólo una empresa. En concreto, frente a los 105 negocios que partieron hacia otras zonas del país, la Comunidad Valenciana fue capaz de atraer a otros 104 que decidieron instalarse aquí, aunque lo cierto es que no fue todo por méritos propios.
Buena parte del cambio de tendencia se debió a la gran cantidad de firmas que llegaron desde Cataluña huyendo de la inestabilidad provocada por el denominado proceso soberanista, que está ocasionando una aunténtica diáspora de empresas desde esta autonomía hacia el resto de España. En el caso de la Comunidad Valenciana el balance de este primer trimestre no puede ser más rotundo: hasta 34 compañías trasladaron su sede a la autonomía desde Cataluña, justo el doble de las que realizaron el camino inverso.
Un trasvase de empresas desde la otra orilla del río Cenia que ha logrado compensar los saldos negativos que todavía mantiene la Comunidad Valenciana con buena parte del resto de regiones españolas, sobre todo con aquellas como Madrid o Murcia que tienen una tarifa más baja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y es que la decisión del anterior Consell de rebajar del 99% al 75% la bonificación que se aplicaba a este tributo -una decisión que se tomó en el año 2013 ante los graves problemas económicos que atravesaba la Generalitat- ha llevado a muchos empresarios a plantearse un traslado de domicilio para evitar la «mordida» en el momento de traspasar las riendas del negocio a la nueva generación. Además, se da la circunstancia de que las citadas autonomías también son las que aplican un tipo de IRPF más bajo para los contribuyentes con rentas elevadas, lo que también favorece esta emigración fiscal interna.
De esta forma, la capital del Estado se ha convertido en los últimos años en un auténtico imán para los empresarios de todo el país, en la medida que en sus respectivas comunidades elevaban los impuestos para cubrir el déficit, mientras el gobierno regional madrileño los mantenía. Así, sólo durante el año pasado hasta 1.658 firmas de toda España decidieron mudarse a la Villa y Corte.
La importancia de la fiscalidad queda todavía más patente en el caso de Murcia. Hasta hace bien poco, eran los empresarios murcianos los que optaban por domiciliar sus compañías en Alicante o Valencia para ahorrarse costes en el momento del traspaso del negocio a sus hijos. Pero las presiones de la patronal regional y de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar lograron que se rebajara el Impuesto de Sucesiones y Donaciones el año pasado, hasta equipararlo con el madrileño, para los traspasos accionariales.
El resultado es que en el primer trimestre de este año se han marchado a la vecina región hasta 20 compañías de la Comunidad Valenciana, frente a las nueve que tomaron la decisión contraria, según los citados datos de Axesor.
Para el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, Francisco Gómez, la conclusión no puede ser «más evidente» y reclama una mayor coordinación entre las comunidades autónomas. «No puede ser que en un país tengamos 17 legislaciones distintas sobre una misma materia, que en un sitio el empresario tenga casi que arruinarse para dejarle el negocio a sus hijos y en otro no se pague nada», razona el también presidente en funciones de la patronal provincial Coepa.
Se trata de una reivindicación compartida por gran parte de las organizaciones de este tipo de compañías en las distintas comunidades españolas y también por la asociación que las agrupa a nivel nacional, el Instituto de la Empresa Familiar, que ha llamado la atención sobre este problema en más de una ocasión.
Lo que ya parece que ha empezado a remitir es la inquietud que generó entre el empresariado local el cambio de signo en la Generalitat, que fue otro de los motivos que las organizaciones patronales apuntaron para justificar la fuga de empresas del año pasado. Los temores a que un Consell del PSPV y Compromís, apoyado externamente por Podemos, pudiera aprobar nuevas subidas de impuestos o tomar medidas que pudieran afectar a la marcha de la economía se han atenuado tras diez meses de gobierno, que ha demostrado ser más sólido de lo que muchos pensaban.
«No tenemos motivos para desconfiar aunque, eso sí, estaremos atentos a cualquier cambio que nos pueda afectar», señala el presidente de Aefa que sí lamenta que el conseller de Hacienda, Vicente Soler, aún no haya respondido a la solicitud que le envió esta asociación para reunirse y aclarar sus intenciones sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. «Los empresarios sólo queremos que se nos facilite la labor», señaló Gómez, que recordó que los negocios familiares generan hasta el 85% del empleo privado en la Comunidad Valenciana