Un poco más cerca del banquillo se encuentran desde ayer los 21 acusados en el proceso abierto por el cobro de 600.000 euros en concepto de dietas por parte del último presidente de la CAM, Modesto Crespo. Una remuneración que el empresario ilicitano percibió en apenas dos años y que ha acabado arrastrando al procedimiento al exdirector general Roberto López Abad, como cooperador necesario para que se materializaran estos pagos, y a los 19 miembros del consejo de administración que los aprobó.
El juicio por estos hechos, que se celebrará en un juzgado de lo Penal, no podrá fijarse para antes de 2018 dada la carga de trabajo que arrastran estos departamentos.
El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, quien asumió la causa en su recta final después de que la que Audiencia Nacional, donde prácticamente concluyó la instrucción, se inhibiera a favor de los juzgados de Alicante, dictó ayer el auto de apertura de juicio para los 21 acusados, uno menos de los inicialmente investigados tras acordar a principios de mayo el sobreseimiento de las actuaciones para quien fuera letrado de la CAM Juan Martínez Abarca.
El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol sostiene que López Abad ideó un plan para remunerar a Crespo como presidente de la caja, un cargo por el que ninguno de sus antecesores había cobrado y que tampoco él podía hacerlo dado su carácter gratuito y honorífico. Por ello, según explica el acusador público, se acordó crear un consejo de administración en una de la empresas participadas de la caja, Tinser Cartera S. L., para poder así nombrarle presidente y asignarle bajo el concepto de dietas 300.000 euros. Parte de esta cantidad se le abonó con carácter retroactivo. Su cargo en Tinser se aprobó el 27 de noviembre de 2009 y al frente del consejo de la CAM llevaba desde el 8 de junio de ese año.
El fiscal precisa que el empresario ilicitano cobró los 600.000 euros por algo que no les supuso «esfuerzo ni responsabilidad» y pide para él cuatro años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. La misma pena que reclama para López Abad, a quien considera «inductor y cooperador necesario» para la comisión de esos delitos.
En cuanto a los miembros del consejo de administración de la caja que aprobó tanto el nombramiento de Crespo en Tinser como las dietas, entiende el fiscal que todos son responsables de estos acuerdos dado que se adoptaron por unanimidad, aunque a la hora de plantear la pena establece dos niveles: el de los tres integrantes de la comisión de retribuciones, el primer órgano que dio el visto bueno a la propuesta, (Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban) para los que solicita una condena de tres años de cárcel, y el del resto de los consejeros, para los que pide dos.
La Fundación CAM, la otra acusación en este proceso, considera que únicamente Crespo es responsable de estos hechos.
Además del auto de apertura de juicio, el magistrado ha resuelto también, desestimándolos, los recursos de reforma que ha presentado la mayoría de los acusados y sobre los que al final se acabará pronunciando la Audiencia al plantearlos también ante este órgano.
Este juicio es el segundo que se abre de las seis causas que investigan la gestión de la CAM después del celebrado a finales de 2014 en la Audiencia Nacional también por unas dietas: las que cobró el presidente de la comisión de control de la caja y los miembros del consejo de administración a través de la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). Un proceso en el que se absolvió al Avilés, a López Abad y a los consejeros y pendiente en la actualidad de los recursos presentados en el Supremo.