Guerra entre las denominaciones de origen y la Comisión de la Competencia

Las denominaciones de origen españolas no están nada satisfechas con el informe que acaba de emitir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que asegura que el funcionamiento actual de los consejos reguladores que gobiernan estos organismos supone una limitación a la libertad del mercado y, en consecuencia, propone restarles atribuciones. Aunque se trata tan sólo de un documento consultivo -no vinculante-, que forma parte de los trámites para la aprobación del real decreto que regulará las indicaciones cuyo ámbito abarque más de una autonomía, las DO han querido dejar clara su postura y, sobre todo, que no están dispuestas a que se cuestione el modelo actual que, como recuerdan, supone uno de los ejes de la Política Agraria Común de la UE para potenciar la producción local frente a las importaciones.

La asociación que las agrupa a todas ellas en nuestro país, Origen España, que preside el turronero alicantino José Enrique Garrigós y que tiene su sede en la Cámara de Comercio de Alicante, lanzó ayer un contundente comunicado en el que niega que las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas supongan ninguna traba para la libre competencia y que, por el contrario, representan una «garantía» para los consumidores, además de contribuir al desarrollo de una «economía sostenible» y de ser un importante «motor del empleo en zonas rurales».

Las principales pegas de Competencia vienen, por un lado, por la consideración de los consejos reguladores como corporaciones de derecho público cuando, a su juicio, deberían regirse por el derecho privado ya que regulan una actividad empresarial; pero, sobre todo, por la capacidad que tienen para determinar qué productores pueden acogerse a las denominaciones, qué características deben cumplir los productos protegidos, qué procesos deben seguirse para su obtención o, incluso, por su poder para limitar el volumen de producción de los mismos.

Unas atribuciones que, según entiende el supervisor, son demasiado amplias y «suscita importantes restricciones a la competencia». Así, propone, por ejemplo, que dentro de las DO se separe claramente entre las funciones de gestión y la de control.

En principio, estas recomendaciones solo afectarían -en el caso de que el Ministerio de Agricultura decidiera incluirlas en el real decreto que prepara-, a las denominaciones cuyo ámbito geográfico supera al de una autonomía en concreto, como ocurre con los vinos de Rioja, cuya zona de producción se extiende por el País Vasco, Navarra y Castilla y León, además de la comunidad homónima. El resto, como ocurre con todas las alicantinas, se seguirán rigiendo por los respectivos reglamentos autonómicos aunque el temor es que en próximas reformas se exijan también estos cambios.

Por eso, desde Origen España insisten en que el modelo actual, lejos de limitar la competencia, supone una garantía de la misma. Así, su director, Federico Moncunill, destaca que, precisamente por tratarse de asociaciones de carácter público, los consejos no pueden negar la entrada a ningún nuevo operador que lo solicite y que cumpla con los requisitos establecidos, «que son públicos e iguales para todos». Lo mismo ocurre con las normativas sobre producción, política de marcas, publicidad o etiquetado «que están plenamente justificadas en la defensa de la calidad o el carácter específico del producto». Además, Moncunill recuerda que el sector lleva años trabajando en la redacción del nuevo reglamento, que se limita a transponer la normativa europea.