El expresidente de Fórum Filatélico Francisco Briones aseguró ayer en el juicio que su formación es netamente comercial y no financiera, y relató cómo pasó de «chico de los recados» a presidente de la sociedad, fichado por su hermano cuando cumplía con el servicio militar obligatorio como cabo primero. El exdirectivo sostuvo que la actividad de la sociedad era transparente. Briones está acusado, además de estafa continuada, de insolvencia punible, falseamiento de las cuentas anuales de Fórum, intervenido judicialmente en mayo de 2006, y blanqueo, por lo que en total el Ministerio Público solicita para él 27 años de cárcel; junto a él figuran como acusadas otras 29 personas, y las peticiones superan los 180 años de cárcel.

La sesión comenzó con un recuerdo para Javier Martínez Lázaro, magistrado de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que iba a ser el ponente de la sentencia y falleció el domingo. La presidenta de la Sala, Manuela Fernández Prado, procedió al sobreseimiento de la causa contra Antonio Málaga Sánchez, fallecido en agosto.

Briones relató con todo detalle a preguntas del fiscal Juan Pavia los inicios de la sociedad, que un sus comienzos se denominó Fondo Filatélico Financiero, y al que se incorporó en 1979 a instancias de su hermano como un mero comercial, desempeñando todo tipo de tareas. El expresidente reiteró que Fórum se dedicaba exclusivamente «a comprar y vender sellos», y negó que la existencia de una sociedad limitada domiciliada en Belice que ostentaba la titularidad de acciones de Fórum supusiera irregularidad alguna, pues «en todo momento fue transparente para la Hacienda española».

Un centenar de afectados se concentraron antes del comienzo de la sesión frente a la Audiencia Nacional, para increpar a los acusados, al grito de «Nuestro dinero lo tienen los banqueros» y «El Tesoro nos robó». La asociación de consumidores Adicae y otras plataformas de afectados acudieron a la sede en San Fernando de Henares para exigir la puesta en marcha de una solución política que les permita recuperar el dinero.