El último globo sonda lanzado por el Gobierno, sobre la posibilidad de penalizar a los propietarios de viviendas vacías para favorecer su salida al mercado del alquiler, ha concitado el rechazo unánime de los expertos, empresarios y profesionales inmobiliarios de la provincia consultados por este diario. Un rechazo que basan, por una parte, en la indefinición de lo que el Ejecutivo consideraría como una «vivienda vacía» -el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconocía el martes en Alicante que debía «acotarse» el concepto- pero, sobre todo, porque consideran que la mejor forma de movilizar los pisos que ahora están cerrados es aumentar la seguridad jurídica de los propietarios frente a los impagos y facilitar la expulsión de los inquilinos morosos, en lugar de castigar a los dueños.
Sobre la primera cuestión, el Instituto Nacional de Estadística considera que una vivienda está vacía a efectos censales «cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie», es decir, cuando tampoco es una segunda residencia vacacional. Con estos criterios, de acuerdo con el último censo de 2011, en la provincia existirían más de 209.000 inmuebles desocupados, lo que supone aproximadamente el 16% del parque total, compuesto por 1,2 millones de inmuebles.
Por municipios, las cifras más abultadas se dan en Alicante, con unas 25.172 viviendas vacías (el 13,4% del total de las existentes en la ciudad); seguidas por Torrevieja, con 19887 (16,2%); Dénia, con 13.587 (31,3%); Elche, con 13.558 (11,9%); Orihuela, con 10.892 (15,6%); y Alcoy, con 6.606 (18,9%).
Miedo a los morosos
Unos números que para unos se quedan cortos y para otros resultan excesivos. «Por mi experiencia personal, yo creo que el porcentaje de viviendas vacías es, incluso, más alto en la provincia. Hay muchísimos pisos todavía en manos de los promotores o de los bancos, y también muchos que fueron adquiridos como inversión por particulares y que tampoco han salido al mercado del alquiler porque los propietarios, o no se fían, o ya han tenido malas experiencias», asegura el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante, Augusto Soler.
A su juicio, penalizar a los dueños sería «una medida injusta», ya que no cree «que haya mucha gente que tenga un piso vacío y no lo alquile porque no quiera. Lo que falta es seguridad jurídica», señala el también abogado, que sostiene que echar a un inquilino moroso puede suponer un año de pelea.
«Claramente, existe una falta de respaldo legal a los propietarios que supone una barrera de mercado. Porque lo natural, en un mercado que funciona, es que quien tenga una vivienda vacía la venda o la alquile para rentabilizarla», apunta también la catedrática de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de AlicantePaloma Taltavull, que ha centrado buena parte de sus investigaciones en el sector inmobiliario. Así, Taltavull asegura que servirá de bien poco cualquier tipo de medida coercitiva mientras no se aumente la seguridad jurídica y se reduzcan los riesgos. «La forma más rápida de paliar la escasez de oferta de alquiler es dar garantías a los propietarios para que el que quiera saque su vivienda al mercado y que el sector público también ponga más viviendas a disposición de quien las necesite», sugiere la catedrática quien, no obstante, asegura que las cifras de inmuebles vacíos que refleja el censo son «exageradas». «Si realmente un 16% del parque inmobiliario estuviera vacío, el mercado estaría en una crisis continua», asegura.
Además de un sinfín de situaciones especiales -como inmuebles que se encuentran en mal estado o con una situación jurídica compleja, por ejemplo, como resultado de una herencia-, Taltavull sostiene que muchas de las viviendas vacías que recoge el INE son, en realidad, segundas residencias de extranjeros que, al no declarar en España, no se recogen correctamente en las estadísticas. Es decir, que hay un error metodológico en el censo.
Más incentivos fiscales
Del mismo modo, también el presidente de la Asociación de Promotores de Alicante (Provia), Antonio Fernández, estima excesivas las 209.000 casas desocupadas que contabiliza el organismo público. Al igual que los anteriores, también se muestra contrario a cualquier penalización a los propietarios e insiste en la necesidad de darles más garantías para animarles a dar el paso. Igualmente, aboga por ayudas a los inquilinos y por exenciones fiscales para los dueños para incentivar una mayor oferta.