Tenían el dinero pero les faltaba hacerlo líquido. Los empresarios benidormenses Juan Ferri y José Baldó no dudaron en desprenderse el año pasado de varios de los terrenos y hoteles que poseían en México y Costa Rica con el objetivo de lograr el efectivo que necesitaban para hacer frente al pago de las multas e indemnizaciones que pactaron para librarse de la cárcel, tras admitir su culpabilidad en el caso por los negocios que realizaron junto a la CAM en el Caribe.
Así, Ferri y Baldó declararon el año pasado hasta 55 millones de euros de beneficios con el holding Inversiones Hoteleras Caribeñas SL -la actual denominación de la antigua Valfensal, que constituyeron con la extinta caja alicantina- después de desprenderse de los activos que acumulaban en una de las filiales del grupo. Un dinero que, al menos en parte, ha servido para que los empresarios hicieran el pago de los casi 27 millones que acordaron con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y el Fondo de Garantía de Depósitos para evitar ir a prisión por las irregularidades que se les atribuyen, según confirmaron a este diario fuentes de la compañía.
En concreto, las cuentas que el citado holding acaba de depositar en el Registro Mercantil recogen la ejecución el año pasado de la operación que los hoteleros benidormenses habían pactado en agosto de 2016 para desprenderse de los activos de Bencos, que, a su vez, consistían en diversas participaciones en otras cinco mercantiles. Se trata La Mer Hotel, con la que la antigua Valfensal poseía el 75% del hotel Sandos de Cancún, según confirmaron desde la compañía; Desarrolladora Najaal, con la que el grupo tenía los derechos de arrendamiento del Sandos Finisterra -el inmueble es propiedad de otra compañía- y una parcela en la zona de Los Cabos, en Baja California; Blendinvest BV, propietaria de unos terrenos en Costa Rica; Caribbean Seaside, titular de una cartera de créditos con clientes; y de Miraval Holding, que agrupaba las participaciones anteriores, según las mismas fuentes.
El comprador fue un fondo de inversión mexicano, del que no ha trascendido la identidad. Eso sí, desde la mercantil recalcaron ayer que el grupo mantiene la gestión de todos los hoteles, que siguen operando bajo la marca Sandos.
Esta operación y otras plusvalías permitieron que la cabecera del grupo, la citada Inversiones Hoteleras Caribeñas, ingresara hasta 74,9 millones de euros en concepto de dividendos, lo que elevó los ingresos totales de la mercantil hasta los 78,14 millones. Una vez descontados los gastos y las mermas por las diferencias de cambio, dieron como resultado unos beneficios de 55 millones de euros.
Un dinero que, inicialmente, se destinó en su mayoría a reservas voluntarias, hasta que los socios necesitaran disponer de él. En este sentido, cabe destacar que la mercantil ya tenía concedidos al cierre del año 2018 -es decir, antes de su acuerdo de culpabilidad- sendos créditos a Juan Ferri y José Baldó por importe de 9,626 y 9,519 millones, respectivamente, según las cuentas de la sociedad.
Cuentas reformuladas
La propia mercantil recoge en el informe depositado en el Registro el pacto de los empresarios con la Agencia Tributaria, la Fiscalía y el Fondo de Garantía de Depósitos, que, de hecho, ha obligado a reformular las cuentas de la compañía para incorporar los pagos que debe realizar por su propia responsabilidad societaria y como responsable subsidiaria de las supuestas actuaciones irregulares de los empresarios. En concreto, la propia compañía debe abonar -ya lo habría hecho, según las fuentes consultadas- 8.001.642 euros por los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a la sociedad por haber atribuido la facturación de sus ingresos a una firma de Curaçao, cuando en realidad la gestión se realizaba desde Benidorm y Mallorca. Además, Ferri y Baldo debían pagar 3.088.156 cada uno de multa por estos mismos hechos.
A ello hay que sumar otros 12.528.392 euros que los empresarios tenían que abonar al Fondo de Garantía de Depósitos -el organismo que se hizo cargo del rescate de la CAM- para resarcirle de las pérdidas que habrían ocasionado a la caja con la obtención de diversos créditos «sin cumplir los requisitos requeridos», según la Fiscalía, en lo que supondrían varios delitos de administración desleal. Unos hechos de los que la mercantil sería responsable subsidiaria y por los que también están acusados el exdirector general de la CAM Roberto López y el exresponsable de la filial inmobiliaria de la caja Daniel Gil.
A la espera de la celebración del juicio en la Audiencia Nacional
Los hoteleros también tienen pendiente la causa por los negocios que hicieron con Bancaja en el Caribe
A pesar del acuerdo que han alcanzado para declararse culpables y pagar casi 27 millones de euros a cambio de no pisar la cárcel, los empresarios Juan Ferri y José Baldó deberán pasar por el trago de sentarse en el banquillo por los negocios que realizaron con la CAM en el Caribe. El motivo es que los otros dos acusados, el exdirector de la caja Roberto López y el que fuera responsable de inversiones inmobiliarias de la entidad Daniel Gil, no han logrado cerrar un pacto de conformidad similar al que han suscrito los empresarios, por lo que el juicio deberá celebrarse, salvo sorpresa de última hora. En la causa se juzgan, por un lado, las supuestas irregularidades que se cometieron a la hora de aprobar los créditos que la desaparecida caja alicantina concedió a sus socios para comprar o construir diversos hoteles en México y República Dominicana y constituir el grupo Valfensal; y, por otro lado, los supuestos delitos fiscales que cometió el grupo al canalizar parte de su facturación a través de una sociedad en Curaçao.
No obstante, la de Valfensal no es la única causa que Ferri y Baldó tienen pendiente con la Justicia. Los empresarios de Benidorm también deberán ir a juicio por las supuestas irregularidades que cometieron con el Grupo Grand Coral, el holding que constituyeron en este caso con Bancaja para desarrollar diversas promociones residenciales también al otro lado del Atlántico. Es de prever que los hoteleros intenten llegar a un acuerdo similar al que ya han firmado en el caso Valfensal. De momento, por este segundo caso, Ferri y Baldó ya tuvieron que hacer frente a una fianza de seis millones cada uno para salir de la cárcel, tras pasar casi cuatro meses en prisión preventiva por esta causa, en la que también está acusado el expresidente de Bancaja y de la Generalitat, José Luis Olivas.
El Sabadell salió de la sociedad con plusvalías
Tras quedarse con el negocio financiero de la CAM, el Sabadell llegó a un acuerdo con Ferri y Baldó para venderles el 30% que la extinta caja tenía en Valfensal. Los empresarios pagaron 24,1 millones, según recalcan desde la mercantil, lo que supuso unas ganancias del 43% para el banco, ya que la aportación de la CAM había sido de 16,9 millones. Además, según afirman, se renegoció al alza el precio de los créditos que la sociedad tenía pendientes.
