Desde el pasado día 12 de marzo cuando se anunció el estado de alarma y las nuevas medidas para la presentación de Expedientes de Regulaciones Temporales de Empleo (ERTE) por la crisis del coronavirus hasta el lunes, 30 de marzo, la provincia ha registrado un total de 14.536 expedientes que afectan a 71.312 trabajadores. El aumento de procedimientos solicitados por empresas alicantinas en la última jornada fue de 2.082, pero lo más destacado es que el incremento de despidos temporales en él último día fue de 9.420. Una cifra muy cercana al incremento de 10.057 que sumó Valencia, a pesar de que esta provincia supera el millón de personas ocupadas, mientras que en Alicante el número alcanza los 847.600.
De acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Economía Sostenible, el total de ERTE presentados en la Comunidad supera los 36.760 que afectan a más de 210.900 empleados, de ellos, 331 solicitudes, que suponen 32.1775 suspensiones temporales de empleo, se han presentado en la Dirección General de Trabajo al ser empresas que tienen implantación en varias provincias.
En el caso de Valencia, el total de ERTE se sitúa en los 17.538 y son 87.824 los despidos temporales. Así, el aumento en la última jornada es de 2.381 expedientes y 10.057 afectados. En Castellón, por su parte, las cifras son inferiores, ya que solo acumula en esta situación excepcional por el Covid-19.
Colapso en las oficinas de graduados sociales
El aluvión de ERTE que está registrando la provincia y la Comunidad está colapsando a los graduados sociales que tramitan estos expedientes, bien a través de despachos de un equipo multidisplinar o integrados en consultorías. Según aseguraba la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, María Antonia Oliva, la tramitación de los procedimientos registra cierta lentitud, sobre todo al principio, por la oleada de expedientes, así como por algunos aspectos de la propia tramitación que ralentizan su actividad.
Aunque se han flexibilizado algunas medidas, Oliva destaca que los ERTE incluidos en el decreto de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno exigen la información por parte de las empresas a cada trabajador de que está afectado por un ERTE, "y eso está resultando difícil porque las compañías que solicitan el expediente por fuerza mayor están cerradas, como las de hostelería comercio", señala Oliva.
La presidenta de los graduados sociales subraya que habitualmente en la tramitación de los ERTE esta comunicación se realiza a los representantes sindicales de los trabajadores, "pero no empleado por empleado, como exige ahora el decreto".
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