María López, de 57 años, es empleada de hogar. Trabaja en dos domicilios y está contratada, aunque la cuantía que percibe supera por poco los 700 euros al mes, en conjunto. Sin embargo, a una de las casas no va desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, porque la familia le dijo que era mejor que no trabajara para evitar contagios del Covid-19. «Me han pagado el mes, pese a que solo trabajé 15 días. Pero en abril no he cobrado y tengo que hablar con ellos para ver cuándo puedo volver», asegura. A la otra casa sigue yendo una vez a la semana a cuidar a una persona mayor, pero el grueso de sus ingresos procede de la vivienda en la que ha dejado de trabajar durante el confinamiento. Aunque recibe una pensión de viudedad, a final de mes tiene que hacer encaje de bolillos para salir adelante. Vive sola, pero, a veces, ayuda a uno de sus hijos. María López se alegró mucho cuando el Gobierno aprobó una ayuda especial a las empleadas de hogar por el impacto en sus economías de la crisis del coronavirus y pensaba solicitarla.
No obstante, aunque quisiera, todavía no puede pedirla. Después de casi un mes desde que se aprobó el decreto que creaba la subvención especial temporal para este colectivo, las ayudas no han llegado todavía a estas trabajadoras.
Precariedad
¿Por qué? Según denuncian los sindicatos porque el Servicio de Empleo Estatal (Sepe) aún no ha habilitado el sistema. Es decir, el formulario de la solicitud, que tiene que hacerse telemáticamente, dada la situación excepcional y de confinamiento que vive la población. Ayer mismo, una representante sindical entró en la página web del Sepe y comprobó que el sistema para este subsidio seguía sin activarse. Tanto CC OO como UGT exigen al Gobierno más celeridad en la tramitación de las ayudas, «ya que en muchos casos son mujeres, dado que es un sector muy feminizado, que tienen a cargo hijos y de sus ingresos depende la subsistencia familiar. Y si han visto reducida su renta por la emergencia sanitaria, ahora pueden estar viviendo una situación muy precaria», advierte Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí. Pilar Jiménez, de 58 años, tampoco puede pedirla porque está de baja laboral, que coincidió casi con la aparición de la pandemia.
También trabaja en una casa en la que está asegurada, pero a la que no podrá ir hasta que no le den el alta y se supere el estado de alarma, «ya que las personas que viven allí pertenecen a grupos de riesgo, porque uno es médico y su cónyuge está enfermo», relata.
Los ingresos, hasta rozar los 800 euros, los completa trabajando cuatro horas semanales en una empresa de limpieza. Ahora, cobra la prestación de la mutua por estar de baja, pero su preocupación es «¿qué me va a pasar si me dan el alta la semana que viene y no puedo trabajar, ya que la mano no se me ha quedado bien?». Para Pilar Jiménez, el Gobierno debería prestar más atención a este colectivo, dado que no tenemos derecho a paro en el caso de que nos quedemos sin trabajo. A finales de febrero había en la provincia 8.962 afiliadas al régimen especial de empleadas de hogar.
Una cifra que representa 127 menos que en febrero. Un descenso que coincide con el inicio de la crisis del coronavirus, cuando muchas de estas cotizantes vieron reducidas las horas de trabajo o su actividad se quedó suspendida por la crisis sanitaria. Pilar Jiménez también admite que la ayuda del Gobierno puede ser un alivio, pero critica que aún no la hayan cobrado las personas que lo han solicitado. «Y que la necesitan», apostilla.
Temor a un retraso hasta junio
Y la demora en el pago puede llegar hasta junio, estiman los sindicatos. Si hasta ahora el sistema para solicitarla no está activado, y se tiene un mes para solicitarla, «a no ser que adelanten las fechas de pago, se puede llegar a junio sin que la subvención llegue a las demandantes», según teme Eva Calleja, responsable del área de trabajadoras de hogar del sindicato CC OO en l'Alacantí-Les Marines. La beneficiarias de este subsidio especial temporal tienen que estar dadas de alta en la Seguridad Social y pueden percibir una cuantía equivalente al 70% de la base de cotización del mes anterior al despido o la suspensión de actividad por cada uno de los contratos que se han visto afectados por el Covid-19, ya que muchas de estas empleadas trabajan en varios domicilios.
Y la cuantía a percibir nunca podrá superar el límite de los 950 uros al mes que representa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de pagas extra. La duración de la ayuda, con carácter general, es de un mes, aunque se abre la posibilidad a ser prorrogada. La norma establece que el subsidio se pagará por mensualidades.
